Impulsan una secretaría judicial exclusiva para causas por Malvinas

Impulsan una secretaría judicial exclusiva para causas por Malvinas

La iniciativa es para el Juzgado Federal de Río Grande, que recibe todas las denuncias relacionadas con el archipiélago usurpado por el Reino Unido, desde casos derivados de la guerra de 1982, hasta la explotación de recursos hidrocarburíferos.

El cúmulo de causas sobre Malvinas se incrementó desde que "el Estado Nacional decidió avocarse seriamente y dentro del campo diplomático, no sólo a la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre la Islas, sino a combatir el saqueo de recursos naturales que ejerce Gran Bretaña", fundamenta el proyecto de ley.

La idea de crear un organismo judicial específico para las causas sobre Malvinas corresponde a la Federación Popular del Transporte (Fepotra), un ente que promueve la conexión marítima entre la isla de Tierra del Fuego y el continente por aguas jurisdiccionales argentinas, para evitar el paso obligado por Chile que deben realizar actualmente quienes viajan por vía terrestre desde territorio fueguino a la provincia de Santa Cruz.

La Fepotra sostiene que el cruce por aguas argentinas sobre el Estrecho de Magallanes constituirá un "paso clave" para el control del tráfico marítimo en la zona, incluyendo a embarcaciones militares y comerciales que navegan con rumbo a las Islas Malvinas.

El diputado nacional Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular) fue quien tomó la iniciativa de la Fepotra y la presentó en el Congreso Nacional, aunque el proyecto recibió el aval de otros diputados, como el del fueguino Martín Pérez (Frente para la Victoria) y de organizaciones como el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande.

La nueva secretaría judicial que propone el proyecto de ley se ocuparía "de manera exclusiva, tanto de las causas vinculadas con la guerra que se desarrolló desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982, como de todas aquellas relacionadas con la usurpación territorial, marítima y aeroespacial en torno al archipiélago malvinero, y a la militarización y al saqueo que desde allí se expande por el Atlántico Sur y el sector antártico nacional a través de la explotación hidrocarburífera, pesquera y turística, de Gran Bretaña y de sus socios", se asevera en los fundamentos.