Cristina K: la protectora de los piratas
A través de la compra de bonos para blanquear dinero negro,
una empresa vinculada con los saqueadores de Malvinas desembarcaría en el mayor
yacimiento de gas y petróleo no convencional del país.
Siempre se dijo que el polémico plan de blanqueo de
capitales, que el gobierno acaba de prorrogar por tres meses por decesión de
la presidenta Cristina Fernández, iba a servir solamente para que algunos
amigos del poder puedan declarar fondos obtenidos de forma ilegal sin dar
ningún tipo de explicación al Estado.
Eso se confirmó ayer, cuando se conoció la compra de 500
millones de dólares en bonos energéticos del Estado (Baades) por parte de la
petrolera Bridas, de los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni (en sociedad
con la empresa petrolera china CNOOC). Eso no fue todo: se confirmó que Bridas
volvió a negociar con YPF el desarrollo de una inversión en la formación Vaca
Muerta y que, de concretarse, los fondos se utilizarán para ese fin.
Ya en diciembre de 2012 Bridas e YPF habían firmado un
memorando para la explotación de petróleo no convencional de las áreas Bajada
de Añelo y Bandurria (663 km2 en conjunto), ubicadas en el mencionado
yacimiento.
Lo insólito fue que, minutos
después de conocerse la noticia, la empresa Bridas salió a
“aclarar” que los U$S500 millones “no son en negro”. La pregunta que hay que
hacerse, entonces, es por qué compró Baades que son bonos emitidos por el
Estado para blanquear capitales de origen oscuro. En otras palabras, si son tan
transparentes, ¿por qué no invirtieron los capitales directamente? Un sabio y
conocido refrán afirma: “no aclares que oscurece”.
La realidad es que, detrás de esta operativa, se escondería
un infame negociado como no podía ser de otra manera. Los U$S500 millones le
sirven al gobierno para intentar “maquillar” el rotundo fracaso del programa de
blanqueo, que hasta ayer no había recaudado ni siquiera 10% de lo previsto.
¿Pero recibirán a cambio los hermanos Bulgheroni? Tener acceso a uno de los yacimientos
de gas y petróleo convencional más importantes del mundo, como es Vaca Muerta.
Bridas, actualmente, tiene el 60% de las acciones de la
firma Pan American Energy (PAN) que, en varias oportunidades, se la vinculó con
fondos de inversión que buscan petróleo en las Islas Malvinas, en clara
violación de la soberanía argentina.
Otra de las firmas que forman PAN es British Petroleum (BP)
que, como su nombre lo indica, es de capitales británicos y tiene sede en
Londres.
El kirchnerismo, en el año 2007, le cedió a la British,
entre gallos y medianoche, la extensión de la concesión del Cerro Dragón (en la
provincia de Chubut) por 40 años, siendo el principal yacimiento petróleo que
hoy existe en la Argentina. Esta escandalosa medida se adoptó en 2007, durante
el último año de la presidencia de Néstor Kirchner .
A su vez, una parte de las acciones de BP está en manos de
la firma estadounidenses de inversión BlackRock Inc., que posee el 7.1% de la
compañía, y a su vez tiene vinculaciones con tres de las cinco empresas que
actualmente exploran en las cuencas sur y norte de las Malvinas.
British Petroleum es, además, una de las petroleras más
importantes del mundo y en abril de 2010 fue noticia por el enorme derrame en
el Golfo de México. Cualquier semejanza con los desastres ambientales de
Chevron no son meras coincidencias.
Todos esos vínculos terminan violando una ley sancionada por
unanimidad en el congreso en el año 2011 y que, tras una larga espera, recién
fue promulgada en setiembre del año pasado. Se trata de la ley 26 659, que
apunta a prohibir que “toda persona o compañía localizada en la Argentina
preste servicios o tenga cualquier tipo de participación en personas jurídicas
que desarrollen actividades en Malvinas”.
“La Cancillería, con esta ley, apenas ha sancionado cuatro
pequeñas empresas, pero deja impune a los peces gordos. Y esto ocurre porque no
hace el correspondiente estudio societario para determinar las vinculaciones de
las petroleras. La operación con Bridas viola claramente la ley”, le dijo a Hoy
Félix Herrero, quien fue director de Yacyretá durante el último gobierno de
Juan Domingo Perón y actualmente es el jefe de asesores de Fernando “Pino”
Solanas. Herrero fue el redactor de la Ley 26.659.
Por su parte, el exdiputado nacional Mario Cafiero, que
desde hace años viene investigando las conexiones de la petrolera que operan en
nuestro país con la violación de la soberanía nacional en Malvinas, también fue
tajante: “Bridas y sus socios están violando la ley. Es evidente que el
gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa ante la gravedad de la crisis
energética, que el propio gobierno provocó”
Una maniobra similar
hizo el gobierno K al firmar un convenio secreto con la norteamericana Chevron,
que viene de ser expulsada en Ecuador por haber provocado un desastre
ambiental, con miles de damnificados, y que pese a ello contaría con garantía
para aplicar la técnica conocida como fracking, que fue prohibida en varios
países del mundo por sus efectos contaminantes.
El antecedente que marcó Néstor Kirchner
En 2007, poco antes de dejar la Presidencia, Néstor Kirchner
revalidó concesiones petroleras otorgadas durante el menemismo, que recién
vencían en 2017. Entre ellas, se extendió la licencia para explotar el Cerro
Dragón hasta el año 2047, siendo el yacimiento de petróleo convencional más
importante del país. Este yacimiento se encuentra en el área terrestre y
marítima del Golfo San Jorge. La mayor parte se encuentra en Chubut, y tiene
una producción diaria de 5,7 millones de metros cúbicos de gas y de 15.000
metros cúbicos de petróleo.
Dado que el contrato fue negociado en el ministerio de
Planificación Federal, Inversión y Servicios, a cargo de Julio De Vido, el
acuerdo fue decisión política del entonces presidente Kirchner. “El contrato puede considerarse un nuevo y
perfeccionado capítulo de la historia negra del petróleo en nuestro país, tanto
por el sigilo en que se negoció, la antelación a su vencimiento en que se firmó
y por las cláusulas que lo integran, terriblemente lesivas para los intereses
nacionales en general y de las provincias afectadas en particular”, señaló el
exsenador Hipólito Solari Yrigoyen, en una pormenorizada investigación.
Y concluyó: “Con el sigilo de la negociación se logró evitar
el lógico debate que debía tener en la opinión pública el otorgamiento, sin
licitación, de una concesión que se puede evaluar entre 45.000 y 50.000
millones de dólares. Por la extensión del mismo, que puede llevar la
explotación del yacimiento hasta su agotamiento, más que de una prórroga de la
concesión corresponde hablar de una enajenación”.
Fuente http://diariohoy.net/politica/cristina-la-protectora-de-los-piratas-16356