viernes, 31 de enero de 2014

Apoyo de la CELAC al reclamo argentino por Malvinas


 

Apoyo de la CELAC al reclamo argentino por Malvinas

El apoyo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas expone la soledad de la posición del Reino Unido, que se escondió nuevamente en el plebiscito realizado en las islas, que no sólo no es reconocido por las Naciones Unidas (ONU), sino que fue financiada por Canadá, el único país que lo apoya en el continente.

A través de la diplomacia y el multilateralismo, Argentina consiguió en Cuba un respaldo unánime al pedido de negociaciones por el archipiélago, como lo obtuvo en los últimos años de bloques como el Grupo de los 77+China y de los 54 países de Africa.

Pero la respuesta de Londres a la Declaración de La Habana fue otro insulto al derecho internacional: “Los habitantes de las Falkland (sic) son británicos y quieren permanecer británicos como demostró claramente el 99,8 por ciento en el referendo de marzo pasado”.

Así lo repitió hoy un portavoz del Foreign Office y agregó que “el gobierno del Reino Unido concede gran importancia al principio de libre determinación”.

Las palabras del vocero esconden que la ONU no reconoce la validez de ese derecho en la Cuestión Malvinas, y que por eso el organismo no patrocinó la misión de observadores del plebiscito en las Malvinas, que tuvo que ser financiada por Canadá.

El conflicto no trata, ni jamás trató, sobre los deseos de los kelpers ( colonia británica implantada sobre Malvinas,  tras la usurpación británica de las islas en 1833). El conflicto trata sobre una disputa territoral, por la soberanía de las islas, entre Argentina y el Reino Unido tal como lo reconoce Naciones Unidas.

El Reino Unido no tiene ninguna legitimidad, ni puede imponer su criterio desoyendo a Naciones Unidas y obviando el conflicto territorial, que tiene con Argentina, por la soberanía de las islas Malvinas.
El Reino Unido no puede ser juez y parte en el conflicto porque es quién, usurpa, implanta su colonia y luego la presenta con ¨derechos¨, sin ningún reconocimiento legal, y violando lo establecido por Naciones Unidas de no innovar sobre el territorio en disputa.

La farsa del referendo kelper

El ministerio de Asuntos Exteriores canadiense giró el 18 de febrero del 2013, tres semanas antes de la votación, 233.600 mil dólares estadounidenses a Canadem, una ONG con sede en Ottawa y fundada por el propio gobierno del país de América del Norte.

La documentación oficial indica que el propósito del pago es “organizar e implementar” la misión de observadores para “asegurarse que los habitantes de las islas Falkland (por las Malvinas) tengan la palabra sobre el futuro de su territorio a través de un referendo libre y justo”.

Un portavoz de la cancillería canadiense confirmó a esta agencia la contribución, rotulada bajo el número 12-1653, y expresó que tuvo “el objetivo de proporcionar una evaluación parcial del referendo”.
Pero siendo juez y parte, Canadá fue el único país en aceptar oficialmente la consulta en el archipiélago, posición que no tomó Estados Unidos ni la propia Unión Europea.

Su apoyo incondicional y solitario no extraña ya que es uno de los principales socios del Reino Unido en la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) y comparten como jefa de Estado a la reina Isabel II.

La postura del gobierno canadiense ya había quedado clara en 2012, cuando en la Cumbre de las Américas impidió que se vote una declaración consensuada instando a la apertura de negociaciones entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de Malvinas.

El premier de Canadá, el conservador Stephen Harper, tiene grandes vínculos con su par británico, David Cameron, del mismo signo político.

El primer ministro del Reino Unido fue invitado a dar un discurso ante el Parlamento canadiense en 2011 y, en junio del año pasado, Harper se convirtió en el segundo líder canadiense en hacer lo mismo en la Cámara de los Comunes en Londres.

En esa ocasión no disimuló el involucramiento de su gobierno en la votación en Malvinas y, sin nombrarlas, destacó “los valores conjuntos en el Atlántico Sur, al apoyar el derecho de los pueblos libres que viven en pequeñas islas a determinar su propio futuro”.

Pero más allá del intento de las potencias de imponerse sobre el multilateralismo, lo que llama la atención es el costo que tuvo la fiscalización para una consulta con un resultado cantado: 233.600 mil dólares para financiar una misión de ocho observadores, encabezada por dos estadounidenses ligados al Partido Republicano, y dos empleados de la ONG Canadem.

Según el informe oficial, tuvieron que controlar 1.522 boletas emitidas, lo que indica que contaron con un presupuesto de más de 153 dólares por habitante, un número bastante mayor que los 80 centavos de dólar per cápita que le salió al Reino Unido la realización de sus elecciones generales en 2010, e incluso los 8 dólares por cabeza que costaron los comicios para primer ministro de Canadá en 2011.

Resoluciones de Naciones Unidas

Las resoluciones de las Naciones Unidas establecen para Malvinas la descolonización a través de la Res. 2065 considerando la resolución Res.1514 que hablan sobre la autodeterminación sin perjudicar la integridad territorial de ningún país:

1º Principio de autodeterminación: todo pueblo tiene derecho a gobernarse a sí mismo.

2º No existe autodeterminación a costa de cortar o separar la integridad territorial de países.

Malvinas un caso especial de descolonización

Resolución 20 de las Naciones Unidas, emitida en 1965

El caso de las Islas Malvinas es un caso especial de descolonización al tratarse de la existencia de un territorio colonizado pero no de un pueblo colonizado. No hay un pueblo colonizado, ya que la población que había fue expulsada, hay colonos implantados por una potencia invasora colonizadora. La colonia kelper es parte del esfuerzo de usurpación extranjera, sobre las Islas Malvinas

Naciones Unidas establece que los kelpers son ¨objeto de derecho¨, Los colonos tienen derechos a conservar su idioma, cultura e idiosincrasia, pero no son ¨sujeto de derecho¨ no tienen el derecho a decidir a qué país pertenecen las Islas. "La misma Resolución expresa que existe una cuestión de soberanía que deben resolver Argentina y el Reino Unido, y debe ser resuelta a través del diálogo bilateral hasta alcanzar una solución pacífica. En esta solución debe contemplarse los intereses de los isleños, es decir sus derechos básicos", sustentó.

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