Las Islas Malvinas y la libre determinación de los pueblos

Las Islas Malvinas y la libre determinación de los pueblos

Por Marcelo G. Kohen (*)  Exposición en el Simposio sobre “autodeterminación, devolución e independencia en el siglo 21”, realizada en Gibraltar. Especialistas y políticos expusieron y analizaron varios casos recientes o latentes: Cataluña, Países Vascos, Escocia, las islas Turks & Caicos, Gibraltar y las Islas Malvinas.

El principio de libre determinación de los pueblos es uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo. Gracias a él, numerosos pueblos sojuzgados pudieron crear sus propios Estados independientes durante el proceso de descolonización en la segunda mitad del siglo XX.

El Reino Unido y otras potencias coloniales negaron durante prolongados años el carácter jurídico –por consiguiente obligatorio- del principio de libre determinación.

Solo reconocieron su importancia a partir del final de los años sesenta, cuando el proceso de independencia de sus antiguas colonias había prácticamente llegado a su fin.

En el caso británico, Londres lo hizo cuando sus más importantes resabios coloniales atentaban contra la integridad territorial de Estados constituidos y como intento para servirse de la población allí establecida para perpetuar su presencia en ellos.

En la cuestión Malvinas, el principio de libre determinación de los pueblos es manipulado e impropiamente invocado por el gobierno británico con dos objetivos: mantener su presencia en la región del Atlántico Sur y evitar solucionar la controversia de soberanía que mantiene abierta con la Argentina desde 1833.

En realidad, el Reino Unido ni siquiera intenta una argumentación para justificar la invocación de la libre determinación. Afirma como axioma que los “isleños” tienen el derecho de decidir el destino del territorio y simplemente enuncia las reglas generales que se refieren al principio de libre determinación. Las autoridades británicas nunca explican en concreto porqué este derecho de los pueblos sería aplicable al caso Malvinas. Brindan una información incompleta o falseada sobre la composición de la población de las islas. Se contentan con mencionar que muchos de sus habitantes pueden contar sus ancestros nacidos en las islas por varias generaciones. Pretenden comparar la situación de las islas con la manera en que se conformó la población del territorio continental argentino. Intentan demostrar que cuando Gran Bretaña desalojó de Malvinas por la fuerza a la Argentina, solo expulsó a las autoridades, la tropa y sus familias, pero no a toda la población establecida en las islas bajo la administración argentina, una cuestión totalmente irrelevante para dirimir la cuestión.

La falta de argumentos, las omisiones y las falsedades explican por qué el Reino Unido no ha intentado seriamente buscar un reconocimiento de su posición por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas o de su órgano subsidiario, el Comité de Descolonización. O cuando lo intentó, como en 1985, su propuesta fue rechazada por el máximo órgano representativo de la ONU.

Que los habitantes actuales de las Islas Malvinas no constituyan un pueblo separado con derecho de libre determinación no quiere decir que no gocen de otros derechos. Por supuesto, son titulares de derechos humanos, tanto individual como colectivamente. La Argentina ha inscrito en su Constitución que el respeto del modo de vida de los habitantes es una condición a la que se obliga.

Simplemente, mil seiscientos cincuenta ciudadanos británicos no tienen el derecho de decidir una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que envuelve más de tres millones de kilómetros cuadrados entre territorio y espacios marítimos, una superficie mayor que la de la Argentina continental y doce veces la del Reino Unido.

La manipulación británica del principio de libre determinación es muy evidente. Por varias razones:

1) porque es la Asamblea General de la ONU y no la potencia colonial quién determina la manera de poner fin a una situación colonial y el máximo órgano representativo de la ONU nunca aplicó el principio a los actuales residentes en las islas;

2) porque se trata de un caso particular de colonialismo en el que la víctima de la acción colonial fue un joven Estado constituido;

3) porque luego del despojo a la Argentina el gobierno británico estableció sus propios colonos;

4) porque desde entonces controló la política migratoria de ese territorio aislado y poco poblado;

5) porque los residentes actuales no constituyen un “pueblo” separado víctima del accionar colonial;

6) porque el Reino Unido, luego de desalojar a la Argentina e instalar sus propios colonos, rechazó todas las propuestas de negociación y arbitraje formuladas por la Argentina mientras consolidaba su presencia física en las islas.

Aceptar que sean los propios súbditos británicos allí instalados quienes decidan la controversia anglo-argentina constituiría un caso de arbitrariedad flagrante de imposición del hecho consumado.

En Derecho Internacional, no toda comunidad humana establecida en un ámbito geográfico dado es titular del derecho de libre determinación. Por ello distingue entre “pueblos” y “minorías”, sean éstas nacionales, religiosas, lingüísticas, étnicas, etc. Mientras que los primeros son titulares del derecho de libre determinación, las segundas no, aunque son titulares de un conjunto de derechos tendientes a garantizar y preservar sus identidades, pero en el marco territorial del Estado en el que habitan. También se distinguen los pueblos autóctonos, a quienes la Declaración de la ONU les reconoce el derecho de libre determinación, pero únicamente en su faz interna. Tampoco basta con auto-proclamarse “pueblo” y por ende pretender ser titular del derecho de libre determinación. Absolutamente ninguna de las más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de la ONU han reconocido la existencia de un pueblo separado en el territorio y por ende dichas resoluciones han seguido otro camino en cuanto a la manera de proceder a la descolonización de las Islas Malvinas.

La doctrina de las Naciones Unidas en cuanto a la manera de poner fin a su situación colonial es la negociación entre la Argentina y el Reino Unido para la solución de la controversia de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. La razón es simple, a diferencia de los casos comunes de colonialismo, esto es, de sojuzgamiento de un pueblo entero por la potencia europea, en el caso Malvinas se trata del desplazamiento de un joven Estado independiente de una parte de su territorio, de naturaleza insular, escasamente habitado y sin una población originaria, por la máxima potencia colonial de la época.

A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del mundo, por ejemplo en el Caribe, en el que la potencia colonial introdujo masivamente una población esclava que dio lugar a la conformación de un nuevo pueblo, en el caso Malvinas la escasa población llevada por el gobierno de Londres fueron colonos británicos. Al mismo tiempo que se negaba terminantemente a siquiera abrir la discusión con la Argentina a pesar de sus protestas, en un claro ejemplo de la política del más fuerte.

Un rápido análisis de la demografía de las islas demuestra claramente el carácter artificial de la reivindicación británica de la existencia de un pueblo separado titular de la libre determinación. En 1851, 18 años después del despojo, cuando solo quedó un puñado de la población original, la población llegaba a 287 personas, aproximadamente la misma cantidad de habitantes que en el momento del mayor desarrollo humano durante el período de ejercicio argentino de la soberanía al final de la década de 1820.

En un siglo, el número de habitantes se mantuvo entre 2.272 en 1911 y 2841 según el último censo de 2012. Hubo picos, como en 1931 (2.392 habitantes) y luego de mantenerse esa cifra generalmente estable, comenzó a decrecer la población desde 1962 (2.172) habitantes hasta 1980 (1.813 habitantes). Después de la guerra de 1982, la población creció prácticamente un tercio en tan solo treinta años. La razón fue el boom económico creado por las licencias de pesca. Estas cifras demuestran que se trata de una población cuyo crecimiento demográfico no es natural. El número de habitantes de las islas depende esencialmente de las necesidades económicas y de la administración de la potencia colonial. Es una población constituía esencialmente por empleados públicos de la Corona, propietarios de terrenos y hombres y mujeres de negocios.

Hoy, la segunda localidad de las islas está constituida por los empleados civiles de la base militar de Monte Agradable (Mont Pleasant). Constituyen un 15% de la población de las islas.

Los trabajos menos rentables son ejecutados por inmigrantes de Chile y de Santa Helena. Sin embargo, solo los ciudadanos británicos tienen derecho de voto. A todo ello se le agrega la discriminación hacia los ciudadanos argentinos. Inmediatamente al fin de la guerra de 1982, los ciudadanos argentinos residentes que trabajaban para los servicios de provisión de combustible y transporte fueron expulsados.

Durante 17 años ningún titular de un pasaporte argentino tenía derecho a visitar las islas, ni siquiera como turista. Una ley no escrita prohíbe a los argentinos ser propietarios de bienes inmuebles, al punto tal que en un caso herederos argentinos de tales bienes fueron obligados a venderlos.

Es elocuente la manipulación del último censo en cuanto al lugar de nacimiento de los habitantes. Como la mayoría de ellos ni siquiera nació en las islas, por primera vez las autoridades británicas no brindaron al principio esta información. En su lugar, informaron sobre cómo se identifica cada habitante según su “identidad nacional”. El “resultado” fue que 59% respondieron “Falkland Islander” y 29% “British”. Clara muestra que muchos de los que se autodefinen como “isleños” son en realidad ciudadanos británicos llegados de Europa. En realidad, muchos de ellos son los pretendidos “voceros” de los habitantes, ya sea como miembros gubernamentales o legislativos o como formadores de opinión en los medios existentes en las islas.

Otro dato trascendente que los censos revelan periódicamente es que 40% de la población vive en las islas desde hace menos de 10 años. Difícilmente pueda hablarse de un “pueblo” así constituido, con una población que está en gran parte de paso por las islas.

Existen numerosos conflictos territoriales en el mundo, muchos de ellos sobre territorios habitados. Algunos de ellos han llegado a la Corte Internacional de Justicia. La Corte decidió la soberanía de tales territorios sobre la base de los títulos alegados por las partes, no por la nacionalidad o los deseos de los habitantes. En el caso El Salvador/Honduras, entre 10.000 a 30.000 salvadoreños se encontraron del lado hondureño de la frontera trazada por el fallo. En el caso Camerún vs Nigeria, más de 100.000 nigerianos habitan un territorio que la Corte reconoció como camerunés. Lo mismo hizo la Corte en su último fallo territorial entre Burkina Faso y Níger. En todas estas situaciones, la Corte recordó a las partes la obligación de respetar los derechos de los habitantes de los territorios en disputa, pero nunca sometió su decisión a la voluntad de tales habitantes. Otros ejemplos son pertinentes.

Después de la Primera Guerra Mundial, Francia invocó que no correspondía organizar un plebiscito en Alsacia-Lorena, ya que desde 1871 -año del traspaso del territorio a Alemania- miles de franceses habían preferido irse antes que estar sometidos a la soberanía alemana, y que en contrapartida, miles de alemanes se habían instalado en él. Cuando la población sueca de las Islas Aaland, bajo soberanía finlandesa, planteó su libre determinación para integrarse a Suecia, la respuesta fue una amplia autonomía, pero bajo la soberanía de Finlandia.

La situación de Malvinas es también muy diferente a la de Escocia. Nadie niega el carácter británico de Escocia. Nada obsta a que el gobierno central de un Estado permita que uno de sus componentes se declare independiente si es el deseo de sus habitantes. Pero no existe una obligación internacional de hacerlo sobre la base del derecho de libre determinación. La posición británica hacia Escocia no es la misma que la de España en relación con Cataluña o Francia en relación con Córcega, por ejemplo. En el caso de Escocia, no existe una disputa de soberanía entre el Reino Unido y otro Estado. En el caso Malvinas, sí el Reino Unido desea que sus ciudadanos decidan el destino del territorio en el que habitan, dicho territorio debería ser británico. Por el contrario, existe una controversia sobre su soberanía con la Argentina.

Según Rosalyn Higgins, ex jueza británica y ex Presidenta de la Corte Internacional de Justicia: “Until it is determined where territorial sovereignty lies, it is impossible to see if the inhabitants have the right of self-determination” (“Hasta que no se determine dónde recae la soberanía territorial, es imposible considerar si los habitantes tienen el derecho de libre determinación”). (“International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes. General Course on Public International Law”, Hague Academy of International Law Collected Courses, 1991, vol. 230, p. 174)

El argumento británico de la libre determinación en el caso Malvinas se ve también seriamente socavado por la política a todas luces contradictoria del Reino Unido. No hubo “libre determinación” cuando expulsó a los dos mil habitantes autóctonos del archipiélago de Chagos. No hubo “referéndum de libre determinación” cuando el gobierno de Margaret Thatcher devolvió Hong-Kong a China, su legítimo titular. Menos aun se le concedió la ciudadanía británica plena a los cinco millones de chinos que habitaban el territorio, como lo hizo el mismo gobierno con los dos mil habitantes de las Malvinas, éstos de origen europeo.

En otras palabras, la libre determinación es un falso argumento para mantener uno de los últimos resabios del Imperio Británico, sin justificación jurídica alguna.

Por todo ello, el referéndum organizado el 10 y 11 de marzo de 2013 por el gobierno británico para que ciudadanos británicos afirmen que quieren que el territorio en el que residen siga “siendo” británico no tiene ninguna relevancia. A pesar de los ingentes esfuerzos diplomáticos desplegados por el gobierno de David Cameron, solo un Estado reaccionó positivamente a la maniobra británica: Canadá. Para las Naciones Unidas, el territorio continúa sujeto a descolonización.

Ciertamente nadie niega que en las islas existen tradiciones propias, por otra parte muchas de ellas comunes al continente. Las tradiciones campestres (al campo se lo llama en inglés “the camp”, como en castellano), muy particularmente las relativas a la práctica caballar, el uso del vocablo “che” (“chey”), incluso hasta hace poco tiempo el gusto por el mate, rememoran un pasado de notable influencia continental. Tales especificidades, como pueden existir en regiones o en localidades de un mismo país, no hacen del territorio y sus habitantes un sujeto titular de la libre determinación.

La Argentina tiene mucho más que ofrecer que el sistema colonial británico de manejo de territorios, aunque se lo disfrace con el ropaje nuevo de “territorio británico de ultramar”. Unas Malvinas reintegradas efectivamente a la soberanía argentina tendrían una verdadera autonomía en la que sus habitantes elegirían ellos mismos a su gobernador y tendrían su representación en las instancias parlamentarias nacionales. Sus habitantes nacidos en las islas podrían gozar de la doble ciudadanía, garantizada por un tratado internacional. Los recursos naturales del territorio serían esencialmente propiedad de la entidad autónoma así creada.

Pero ese tipo de cuestiones sólo podrán discutirse cuando el Reino Unido cumpla con su obligación de resolver la controversia de soberanía por medios pacíficos. En otras palabras, cuando haya negociaciones sobre la cuestión central que separa a ambos países. Existen una manera de resolver la controversia que tenga en cuenta los intereses de todas las partes y de los individuos concernidos. Cuando hay voluntad hay un camino.

(*) Marcelo G. Kohen es Profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra

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Note in english

The Falkland/Malvinas Islands and the right of peoples to self-determination

By Marcelo Kohen (*) An international symposium on the concepts of self-determination, devolution, and independence took place last week in Gibraltar, organized by the Garrison Library and sponsored by the local government.

The Falkland/Malvinas Islands and the right of peoples to self-determination
By Marcelo Kohen (*) An international symposium on the concepts of self-determination, devolution, and independence took place last week in Gibraltar, organized by the Garrison Library and sponsored by the local government.

The right of peoples to self-determination is one of the fundamental principles of contemporary International Law. It is thanks to this principle that numerous subjugated peoples were able to create their own independent states during the decolonization process over the second half of the 20th century. For long years, the United Kingdom and other colonial powers denied the legal binding – character of the principle of self-determination.

They only came to recognize its importance as of the late sixties, when the independence process of their former colonies had practically come to an end. The British Government did so in an attempt to use its settlers to perpetuate its remaining colonial outposts existing in breach of the territorial integrity of other states. In the Falkland/Malvinas Question, the principle of self-determination of peoples is distorted and improperly invoked by the British government with two goals: to maintain their presence in the South Atlantic region and to avoid resolving its sovereignty dispute which has been ongoing with Argentina since 1833.

In fact, the United Kingdom has not even attempted to present a reasoned argument to justify invoking self-determination. As though it were an axiom, it states that the “Islanders” have the right to determine the future of their territory, simply citing the general rules relating to the principle of self-determination. The British authorities never explain specifically why this right of “peoples” ought to be applicable to the case of the Falkland/Malvinas. They provide either incomplete or falsified information on the composition of the Islands’ population. They simply state that many (indeed a minority) of the inhabitants can list several generations of ancestors who were born on the islands. They believe that they can compare the situation on the islands with the way in which Argentina’s mainland population came to be formed. They seek to prove that when Great Britain expelled Argentina from the Falkland/Malvinas by force, only the authorities, troops and their families were evicted, and not the entire population of the islands that had existed under Argentine governance, a question of no relevance at all. The lack of grounding, the omissions and the fabrications explain why the United Kingdom has made no serious efforts to seek for its position to be recognized by the United Nations General Assembly or its subsidiary body, the Decolonization Committee. Or at least when it tried to, as in 1985, its proposal was rejected by the highest representative body of the UN.

That the current inhabitants of the Falkland/Malvinas Islands do not constitute a separate people with the right to self-determination does not mean that they cannot enjoy other rights. They are of course holders of human rights, both individually and collectively. Argentina has enshrined in its Constitution that respect for the way of life of the Islands’ inhabitants as imperative. Put simply, 1,650 British citizens do not have the right to determine the result of a sovereignty dispute between Argentina and the United Kingdom that covers over three million square kilometers including territory and maritime areas (an area larger than mainland Argentina and twelve times that of the United Kingdom).

Britain’s manipulation of the principle of self-determination is very obvious. For several reasons:

1) because it is the UN General Assembly and not the colonial power that determines how a colonial situation ought to be terminated and the UN’s highest representative body has never applied the principle to the Islands’ current residents;

2) because this is a special case of colonialism in which the victim of the colonial action was a newly independent state;

3) because after expelling Argentina, the British government established their own settlers;

4) because ever since it has controlled the migration policy of this isolated and sparsely populated territory;

5) because the current residents do not constitute a separate “people” who have fallen victim to colonialism;

6) because the United Kingdom, after having expelled Argentina and established its own settlers, rejected all the offers of negotiation and arbitration put forward by Argentina while it consolidated its physical presence on the Islands. To accept that it is the British nationals settled there who would be the ones to determine the Anglo-Argentine dispute would constitute a blatant case of arbitrariness and the imposition of a fait accompli.

In International Law, not all human communities settled in a given geographical location are entitled to the right of self-determination. This is why there is a distinction between “peoples” and “minorities” (be they national, religious, linguistic, ethnic, etc). Whilst the former are entitled to the right of self-determination, the latter are not, even though they are entitled to an array of rights aimed at safeguarding and preserving their cultural identity, although within the territory of the state in which they live. There is also a distinction made for indigenous peoples, whose right to self-determination is recognized by the UN Declaration, although only internally. Nor can a group simply declare themselves to be a “people” and in so doing claim to be entitled to the right of self-determination. Not a single one of the more than 40 UN General Assembly or Decolonization Committee resolutions has acknowledged the existence of a separate people in the territory and as such, said resolutions have opted for other ways to decolonize the Falkland/Malvinas Islands. The United Nations doctrine regarding the way to bring the colonial situation to an end is through negotiations between Argentina and the United Kingdom to resolve the sovereignty dispute, whilst taking the interests of the inhabitants into account. The reason is simple: unlike with the typical cases of colonialism, where an entire people are subjugated by a European power, in the case of the Falkland/Malvinas, the greatest colonial power of the times ejected a young independent state from part of its territory; a sparsely-inhabited isolated territory with no native population.

Unlike what occurred in other regions across the world, such as the Caribbean, where the colonial power introduced a massive slave population, leading to the formation of new peoples, in the case of the Falkland/Malvinas, the limited population brought in by the British government were British settlers. At the same time they resolutely refused to hold discussions with Argentina despite their protests, in a clear example of the rule of the strong policy.

A cursory look at the demography of the islands clearly reveals the artificial nature of Britain’s claim to the existence of a separate people who are entitled to self-determination. In 1851, 18 years after the seizure of the Islands, when a mere handful of the original population remained, the total reached 287 – roughly the same number of inhabitants as there were at the height of the community’s development during the period of Argentine administration towards the end of the 1820s. Over one century, the number of inhabitants remained between 2,272 in 1911 and 2,841, according to the latest census in 2012. There were peaks, as in 1931 (2,392 inhabitants), and after generally remaining stable, the figure began to decline from 1962 (2,172 inhabitants) until 1980 (1,813 inhabitants). Following the war in 1982, the population grew by almost a third in just thirty years. The reason for this was the economic boom produced by the granting of fishing licenses. These figures demonstrate that the demographic growth of the population is not natural. The number of inhabitants on the Islands is essentially dependent upon the economic and administrative needs of the colonial power.

The population primarily comprises civil servants of the Crown, landowners and business men and women. Today, the second major “village” on the Islands is made up of the civilian staff at the Mount Pleasant military base. They represent 15% of the islands’ population. The less well paid jobs are done by immigrants from Chile and Santa Helena. And yet the British citizens alone have the right to vote. Added to this there is also discrimination towards the Argentine citizens. Immediately after the end of the 1982 war, the resident Argentine citizens working for the fuel and transport provision services were expelled. For 17 years Argentine passport holder were banned from the right to visit the Islands, even as tourists. An unwritten law prohibits Argentines from owning real estate, to the extent that those inheriting such properties were forced to sell them.

The manipulation of the latest census is blatant. As the majority of the inhabitants were not even born on the islands, the British authorities did not provide this information initially. In place of this, they provided information on how individual islanders identified themselves in terms of their “national identity”. The “result” was that 59% responded “Falkland Islander” and 29% “British”. This clearly shows that many of those who define themselves as “Islanders” are in actual fact British citizens having arrived from the United Kingdom. Indeed, many of them are the supposed “spokespersons” for the inhabitants, either as governmental or legislative representatives or as opinion makers in the islands’ media.

Another pertinent fact that the censuses regularly reveal is that about 40% of the population has been living on the islands for fewer than 10 years. We can scarcely speak of a “people” thus formed, with a population that is largely on the Islands only temporarily.

There are many territorial conflicts around the world, many of which are over inhabited territories. Some were settled by the International Court of Justice. The Court determined the sovereignty of these territories based upon the legal grounds related to sovereignty presented by the parties, and not upon the nationality or the wishes of the inhabitants. In the El Salvador/Honduras case, between 10,000 to 30,000 Salvadorians found themselves on the Honduran side of the border that was drawn up by the ruling. Following the Cameroon vs. Nigeria case, over 100,000 Nigerians now inhabit a territory that the Court recognized as being Cameroonian. The Court did likewise in its latest territorial ruling between Burkina Faso and Niger. In all of these instances, the Court reminded the parties of their obligation to respect the rights of the inhabitants of the disputed territories, although it never left its decision up to the will of said inhabitants. There are also other relevant examples. Following the First World War, France argued that holding a plebiscite in Alsace-Lorraine was not appropriate given that as of 1871 –the year of the territory’s handover to Germany- thousands of French citizens had opted to leave rather than being subjected to German sovereignty, while thousands of Germans had settled there. When the Swedish population of the Äaland Islands, under Finnish sovereignty, claimed self-determination to join Sweden, the response was to grant a far-reaching autonomy, whilst nonetheless keeping Finnish sovereignty.

The situation with the Falkland/Malvinas is also different from that of Scotland. Nobody denies that Scotland is British. There is nothing precluding the central government of any state from allowing one of its constituent parts from declaring itself independent if its inhabitants so wish. But there is no international obligation to do so on the basis of the right of peoples to self-determination. The British stance vis-à-vis Scotland is not the same as that of Spain regarding Catalonia or France regarding Corsica, for instance. In the case of Scotland, there is no sovereignty dispute between the United Kingdom and another state. In the case of the Falkland/Malvinas, there is. If the United Kingdom wants its citizens to determine the future of the territory in which they live, the territory should be British. On the contrary, there is a dispute as to its sovereignty with Argentina. According to Dame Rosalyn Higgins, former British judge and former President of the International Court of Justice: ‘Until it is determined where territorial sovereignty lies, it is impossible to see if the inhabitants have the right of self-determination’. (International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes. General Course on Public International Law’, Hague Academy of International Law Collected Courses, 1991, vol. 230, p. 174).

The British argument for self-determination in the Falkland/Malvinas case is also seriously undermined by the United Kingdom’s blatant contradictory policy. There was no “self-determination” when it expelled the 2,000 native inhabitants of the Chagos archipelago. There was no “self-determination referendum” when Margaret Thatcher’s government restored Hong Kong to China, its legitimate owner. Less still was British citizenship granted to the five million Chinese living in the territory, as the very same government had done with the 2,000 Falkland/Malvinas inhabitants of European origin at the same period. In other words, self-determination is a flawed argument for retaining one of the last remaining outposts of the British Empire, without any legal justification whatsoever.

For these reasons, the referendum held on 10 and 11 March 2013 by the British government to enable British citizens to affirm that they want the territory in which they live to continue “being” British has no relevance. Despite the colossal diplomatic lengths that David Cameron’s government have gone to, only one state reacted positively to the British move: Canada. As far as the United Nations are concerned, the territory continues to be subject to decolonization.

Naturally no one denies that the Islanders have their own traditions; many of which, incidentally, they hold in common with the continent. Rural traditions (they call the countryside “the camp”, from the Spanish word “el campo”), especially those relating to horses, the use of the term “che” (“chey”), and even until recently the taste for mate are reminders of a past that was considerably influenced by the continent. And yet the existence of such idiosyncrasies, as may be found in different regions or places within any country, do not automatically make a territory and its inhabitants a self-determination unit.

Argentina has much more to offer than Britain’s old colonial approach to managing territories, even if presented under the new guise of a ‘British Overseas Territory’. With a Falkland/Malvinas effectively integrated under Argentine sovereignty, they would enjoy real self-government whereby their inhabitants would elect their governor themselves and they would have representation in the national parliamentary bodies. Their inhabitants who were born on the Islands could enjoy dual citizenship, to be guaranteed by an international treaty.

Natural resources would be essentially owned by the special self-governed entity. But these sorts of matters can only be addressed when the United Kingdom fulfils its obligation to settle the sovereignty dispute through peaceful means. In other words, only once there are negotiations on the central issue which divides the two countries. It is possible to have a negotiated settlement in which the interests of all parties and individuals concerned will be taken into consideration. When there is a will there is a way.