La Justicia frenó operaciones de una empresa naviera que también explora petróleo para los británicos en Malvinas
Una licitación realizada por el Gobierno quedó en la mira de la Justicia porque avalaría la violación de la soberanía nacional.
El juez federal Enrique Lavié Pico dictó una medida cautelar que restringe la operación de remolcadores contratados por el Gobierno que fueron denunciados por realizar tareas en las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino, tal como prevé la ley 26.659.
Se trata de embarcaciones que se utilizan para asistir en puerto o en navegación a los buques que trasladan gas metano. Luego, por acción de las naves "regasificadoras" amarradas en los puertos de Escobar y Bahía Blanca, ese fluido es inyectado en la red domiciliaria.
Los remolcadores objetados por la Justicia habían sido adjudicados el año pasado en una licitación del Ministerio de Energía, que aceptó la participación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) llamada Logística y Servicios S.A, conformada por una agencia marítima y el gigante naviero Danés Maersk (a través de la subsidiaria Svitzer).
Empresas locales objetaron el resultado de la operación. Criticaron, por ejemplo, que la ganadora violó el pliego de la licitación porque al momento de la apertura de los sobres no tenía buques propios ni alquilados. Tal es así que se debió extender la operación del anterior concesionario hasta que la ganadora consiguiera los remolcadores necesarios. También cuestionaron las ventajas arancelarias a multinacionales en desmedro de los astilleros locales.
No obstante y en tiempo récord, las naves importadas sortearon todos los obstáculos aduaneros, impositivos, técnicos, laborales y merced a una aceptación gremial de los sindicatos del sector comenzaron a operar en condiciones salariales más laxas que las que la legislación laboral argentina exige a las empresas del mismo rubro.
Dentro del fárrago de presentaciones de todo tipo realizadas ante el Estado Nacional, especialistas en derecho marítimo encontraron un detalle que aparentemente pasaron por alto los funcionarios "especialistas" de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación a los que se les encomendó el seguimiento de los aspectos específicos de la contratación.
La única y real propietaria de las 11 unidades importadas en condiciones de excepción es la empresa danesa Maersk, una meganaviera propietaria de las naves AHTS Maersk Traveller y AHTS Maersk Pacer, que operaron como auxiliares en el transporte de la plataforma de exploración petrolera "Ocean Guardian" en las Islas Malvinas sin contar con la aprobación del gobierno nacional.
El miércoles, la Prefectura Naval Argentina fue oficialmente notificada de la prohibición en su carácter de autoridad marítima. Sin embargo, hasta esta mañana la medida judicial aún no se ha hecho efectiva "por razones de seguridad náutica" y porque aún no llegaron las naves sustitutas que deberán atender el servicio de los buques gaseros.
La ley 26.659 ¨La Ley de Hidrocarburos¨
La ley nacional 26.659, sancionada el 16 de marzo y promulgada de hecho el 12 de abril, llamada Ley de Hidrocarburos.
La ley fue aprobada por el Congreso en abril del 2011 por unanimidad, para prohibir que trabajen en el país empresas vinculadas a intereses británicos en Malvinas. Afectaría a las más grandes mineras, que negaron tener intereses comerciales en el archipiélago o no contestaron.
Es un texto muy breve, de apenas nueve artículos más dos de forma, cuya principal determinación consiste en prohibir a toda persona o empresa que trabaje en el país desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
Es una ley que fue pensada como parte de la estrategia argentina para recuperar las Islas Malvinas y evitar que Gran Bretaña continúe enriqueciéndose con los recursos naturales de la región, en especial a través de la extracción de petróleo.
En su segundo artículo la Ley, prohíbe también que toda persona o compañía localizada en territorio continental argentino prestar servicios o tener cualquier tipo de participación en personas jurídicas que desarrollen actividades en Malvinas.
Si alguna empresa, por ejemplo, incumple esta ley y participa en las compañías extranjeras que trabajan en la plataforma continental usurpada por Gran Bretaña, será inhabilitada por un plazo que va de 5 a 20 años, además de sufrir las sanciones penales que le correspondan por violar la disposición.
Las sanciones no terminan ahí, sino que se prevé que quienes incumplan la ley sufran “el cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que pudieran habérsele concedido”.
En su artículo 3, la ley prohíbe realizar “actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría” con cualquier empresa o persona que trabaje en la plataforma continental sin autorización de la Argentina.
El gobierno de Cristina Fernández tardó en reglamentar dicha ley y evitó por todos los medios hablar sobre ella. Quizá una respuesta pueda buscarse en las vinculaciones societarias que existirían entre los grupos dueños de las firmas petroleras que, violando la soberanía argentina, trabajan en Malvinas, y los grupos financieros dueños de las mineras que extraen oro, cobre y otros minerales preciosos de la Cordillera de los Andes.
Según Fernando “Pino” Solanas, “existen pruebas contundentes que demuestran que los mismos grupos financieros transnacionales que controlan las mineras auríferas del país son los dueños de las tres petroleras enviadas por el gobierno de Gran Bretaña a llevarse el petróleo de la plataforma continental argentina”.
Una ley que incomodó al kirchnerismo y al macrismo
La incomodidad que generó la ley en el Gobierno kirchnerista fue tan evidente que ni siquiera había sido reglamentada, pese a que estaba obligado a hacerlo en un plazo no mayor de 60 días desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 13 de abril de 2011. Igual, la ley entró en vigencia a los 90 días, a partir del 13 de julio del mismo año.
La actitud renuente del kirchnerismo por aplicar una ley que se votó con todo los legisladores kirchneristas, por entonces oficialistas, en el Congreso Nacional. Evidenció que su postura frente a la preservación de la soberanía sobre Malvinas, pese a las rutinarias declaraciones que los presidentes argentinos efectúan cada año ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, fue puramente declamatoria para la propaganda política y nunca aplicada en los hechos.
El avión de una empresa británica vinculada con vuelos a Malvinas contratado por Cristina Fernández durante su gobierno.
En enero de 2013 la diputada Stolbizer había presentado ante la Jefatura de Gabinete un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que informara respecto a la contratación, sin licitación previa, de un avión de lujo para la gira de Cristina Kirchner por Asia. La aeronave fue alquilada a la empresa Chapman Freeborn, que explota el puente aéreo Inglaterra-Malvinas. El gobierno pagó US$ 880.000, que estaba lejos de ser el presupuesto más barato.
"El gobierno eludió cumplir con lo establecido por el Decreto 1023/2001, "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", Decreto 893/2012, "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", y la Ley N° 26.659, "Condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina", entre otros, otorgando transparencia y publicidad al asunto", justificó Stolbizer.
Chapman Freeborn tiene contratos con Desire Petroleum, Falklands Oil & Gas y Oil Spill Response, que participan de la búsqueda de petróleo en Malvinas. La ley 26.659 prohíbe al estado o los particulares argentinos contratar a cualquier empresa que colabore con la búsqueda de petróleo en las islas sin el permiso de la Argentina.
Para justificar la decisión de no usar el Tango 01 el Gobierno kirchnerista mencionó informes de organismos locales que advertían de un posible embargo por la presión de los fondos buitres. Y dijo que el valor del alquiler del Global Express, un avión con gran autonomía, es "un 20% superior a la operación en el T-01", que costaría U$S 730.000. El por entonces secretario general de la presidencia Oscar Parrilli no explicó por qué se eligió a dedo un proveedor británico, justo en medio de los tironeos por Malvinas. Se limitó a decir que Chapman ya había sido contratado en 2010 y 2011.
"La contratación del avión, sin licitación y violando otras leyes que prohíben hacerlo, bajo el paraguas de tratarse de una urgencia, no justifica la ilegalidad ni la falta de transparencia", denunció Stolbizer. Y agregó: "La causa Malvinas no puede ser un simple motivo de teatralización nacionalista, sin que haya voluntad de respetar las leyes que el congreso ha dictado justamente para preservar soberanía y comprender las razones estratégicas de la seguridad territoria.
Reglamentación tardía
Recién en 2013, la Secretaría de Energía a cargo de Daniel Cameron reglamentó la ley 26.659 e inhabilitó por el término de 20 años a cuatro empresas petroleras inglesas para desarrollar actividades en el país, por llevar a cabo actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental, en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin haber obtenido la habilitación. Sin embargo, las legislaturas de Chubut y Santa Cruz prolongaron hasta 2047 la concesión en Cerro Dragón, que incluye parte del Mar Argentino, a Pan American Energy (Carlos Bulgheroni), una empresa conjunta compuesta por British Petroleum en un 60% y Bridas en un 40%.
Además, British Petroleum -con sede en Londres- cuenta, dentro de su flota al buque British Ruby, que participó en la carga de Gas Natural Licuado (GNL) hasta el Puerto de Bahía Blanca para regasificar a bordo del Express, de bandera belga, que lo aguarda en el muelle de la compañía Mega, de la misma ciudad.
También están los grupos accionarios relacionados a la minería en la Argentina; como las firmas controlantes del 76% del paquete accionario de Barrick Gold, que opera numerosos yacimientos argentinos, que exhibe el 33% de la petroleraRockhopper Exploration y de Borders & Southern Petroleum, el 25% de Desire Petroleum y el 37,8% de Falkland Oil and Gas.
Buques británicos operando en puertos argentinos
Sucesivos buques británicos como el BritishRuby, fueron contratados para llegar con Gas Natural Licuado al puerto de Ingeniero White (Rep. Argentina).
La novedad es que el British Emerald, que ya estaba operando conjuntamente con el regasificador Express en el muelle de Compañía Mega, es el segundo buque de bandera inglesa que lleva Gas Natural Licuado para regasificar al puerto bahiense de la República Argentina.
A fines de agosto del 2014 había arribado el British Trader, junto al Emerald, integrantes de la flota de British Petroleum. Ambos barcos tienen como puerto de registro al de Douglas, en la isla de Man, territorio británico bajo cuya bandera llegó, el buque British Ruby, en febrero de 2012, en plena escalada entre el gobierno argentino y el británico por la soberanía de Malvinas, dos meses antes del trigésimo aniversario del inicio de la guerra por las islas.
El Gobierno de Macri, también siguió contratando a buques británicos para transportar gas hacia puertos argentinos.
En septiembre del 2016 Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, cuestionó abiertamente la ley 26.659, que impone sanciones a los que realicen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización de la Argentina. "Es una ley muy mala para el interés nacional", dijo el senador macrista. Y enseguida completó: "El Gobierno está analizando el impacto de la ley".
Esta ley no solo incomodó al kirchnerismo sino también el plan de Malcorra tras el acuerdo firmado con Dunca, el vicecanciller británico que vino a la Argentina a hablar de beneficiar a los kelpers, con más vuelos, y conexiones con países de la región, pero sin mencionar la cuestión de soberanía.
La política de la doble vara del gobierno kirchnerista sobre Malivnas donde sancionan una Ley que solo es aplicada selectivamente y no bajo el espiritu para lo que se la creó o las políticas de Dietrich y Aranguren contratando a empresas que colaboran con la exploración petrolera en Malvinas o las politicas del ¨buen vecino¨ pretendidas por Malcorra, demuestra una falta de compromiso real con la causa Malvinas. Leyes como la 26.659 destinadas a evitar que se siga favoreciendo al invasor del suelo argentino deben ser aplicadas sin recato, porque las leyes no son opiniones sino son disposiciones de cumplimiento obligatorio.
Referencias : Infobae | LaVoz | Clarín
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