Apoyo de la
CELAC al reclamo argentino por Malvinas
El apoyo de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) al reclamo argentino
por la soberanía de las Malvinas expone la soledad de la posición del Reino
Unido, que se escondió nuevamente en el plebiscito realizado en las islas, que
no sólo no es reconocido por las Naciones Unidas (ONU), sino que fue financiada
por Canadá, el único país que lo apoya en el continente.
A través de la
diplomacia y el multilateralismo, Argentina consiguió en Cuba un respaldo unánime
al pedido de negociaciones por el archipiélago, como lo obtuvo en los últimos
años de bloques como el Grupo de los 77+China y de los 54 países de Africa.
Pero la respuesta
de Londres a la Declaración de La Habana fue otro insulto al derecho
internacional: “Los habitantes de las Falkland (sic) son británicos y quieren
permanecer británicos como demostró claramente el 99,8 por ciento en el
referendo de marzo pasado”.
Así lo repitió
hoy un portavoz del Foreign Office y agregó que “el gobierno del Reino Unido
concede gran importancia al principio de libre determinación”.
Las palabras del
vocero esconden que la ONU no reconoce la validez de ese derecho en la Cuestión
Malvinas, y que por eso el organismo no patrocinó la misión de observadores del
plebiscito en las Malvinas, que tuvo que ser financiada por Canadá.
El conflicto no trata, ni jamás trató, sobre los deseos de los kelpers ( colonia británica implantada sobre Malvinas, tras la usurpación británica de las islas en 1833). El conflicto trata sobre una disputa territoral, por la soberanía de
las islas, entre Argentina y el Reino Unido tal como lo reconoce Naciones Unidas.
El Reino Unido no
tiene ninguna legitimidad, ni puede imponer su criterio desoyendo a Naciones
Unidas y obviando el conflicto territorial, que tiene con Argentina, por la
soberanía de las islas Malvinas.
El Reino Unido no
puede ser juez y parte en el conflicto porque es quién, usurpa, implanta su colonia y luego la presenta
con ¨derechos¨, sin ningún reconocimiento legal, y violando lo establecido por
Naciones Unidas de no innovar sobre el territorio en disputa.
La farsa del
referendo kelper
El ministerio de
Asuntos Exteriores canadiense giró el 18 de febrero del 2013, tres semanas
antes de la votación, 233.600 mil dólares estadounidenses a Canadem, una ONG
con sede en Ottawa y fundada por el propio gobierno del país de América del
Norte.
La documentación
oficial indica que el propósito del pago es “organizar e implementar” la misión
de observadores para “asegurarse que los habitantes de las islas Falkland (por
las Malvinas) tengan la palabra sobre el futuro de su territorio a través de un
referendo libre y justo”.
Un portavoz de la
cancillería canadiense confirmó a esta agencia la contribución, rotulada bajo
el número 12-1653, y expresó que tuvo “el objetivo de proporcionar una evaluación
parcial del referendo”.
Pero siendo juez
y parte, Canadá fue el único país en aceptar oficialmente la consulta en el
archipiélago, posición que no tomó Estados Unidos ni la propia Unión Europea.
Su apoyo
incondicional y solitario no extraña ya que es uno de los principales socios
del Reino Unido en la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) y comparten como
jefa de Estado a la reina Isabel II.
La postura del
gobierno canadiense ya había quedado clara en 2012, cuando en la Cumbre de las
Américas impidió que se vote una declaración consensuada instando a la apertura
de negociaciones entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de Malvinas.
El premier de
Canadá, el conservador Stephen Harper, tiene grandes vínculos con su par
británico, David Cameron, del mismo signo político.
El primer
ministro del Reino Unido fue invitado a dar un discurso ante el Parlamento
canadiense en 2011 y, en junio del año pasado, Harper se convirtió en el
segundo líder canadiense en hacer lo mismo en la Cámara de los Comunes en
Londres.
En esa ocasión no
disimuló el involucramiento de su gobierno en la votación en Malvinas y, sin
nombrarlas, destacó “los valores conjuntos en el Atlántico Sur, al apoyar el
derecho de los pueblos libres que viven en pequeñas islas a determinar su
propio futuro”.
Pero más allá del
intento de las potencias de imponerse sobre el multilateralismo, lo que llama
la atención es el costo que tuvo la fiscalización para una consulta con un
resultado cantado: 233.600 mil dólares para financiar una misión de ocho
observadores, encabezada por dos estadounidenses ligados al Partido
Republicano, y dos empleados de la ONG Canadem.
Según el informe
oficial, tuvieron que controlar 1.522 boletas emitidas, lo que indica que
contaron con un presupuesto de más de 153 dólares por habitante, un número
bastante mayor que los 80 centavos de dólar per cápita que le salió al Reino
Unido la realización de sus elecciones generales en 2010, e incluso los 8
dólares por cabeza que costaron los comicios para primer ministro de Canadá en
2011.
Resoluciones de
Naciones Unidas
Las resoluciones
de las Naciones Unidas establecen para Malvinas la descolonización a través de
la Res. 2065 considerando la resolución Res.1514 que hablan sobre la
autodeterminación sin perjudicar la integridad territorial de ningún país:
1º Principio de
autodeterminación: todo pueblo tiene derecho a gobernarse a sí mismo.
2º No existe
autodeterminación a costa de cortar o separar la integridad territorial de
países.
Malvinas un
caso especial de descolonización
Resolución 20 de
las Naciones Unidas, emitida en 1965
El caso de las
Islas Malvinas es un caso especial de descolonización al tratarse de la
existencia de un territorio colonizado pero no de un pueblo colonizado. No hay
un pueblo colonizado, ya que la población que había fue expulsada, hay colonos
implantados por una potencia invasora colonizadora. La colonia kelper es parte del esfuerzo de usurpación
extranjera, sobre las Islas Malvinas
Naciones Unidas
establece que los kelpers son ¨objeto de derecho¨, Los colonos tienen derechos
a conservar su idioma, cultura e idiosincrasia, pero no son ¨sujeto de derecho¨
no tienen el derecho a decidir a qué país pertenecen las Islas. "La misma
Resolución expresa que existe una cuestión de soberanía que deben resolver
Argentina y el Reino Unido, y debe ser resuelta a través del diálogo bilateral
hasta alcanzar una solución pacífica. En esta solución debe contemplarse los
intereses de los isleños, es decir sus derechos básicos", sustentó.
