En enero de 1966, durante la presidencia de Arturo Illia, se produjo la apertura de las negociaciones bilaterales bajo los auspicios de la Resolución 2065. Entre los primeros resultados, cabe mencionar el borrador del “Memorando de Entendimiento sobre la cuestión de las Islas Malvinas”, acuerdo suscripto por ambas partes en agosto de 1968.
¿Qué decía el memorando?
El punto 4 establecía que “el Gobierno del Reino Unido, como parte de esa solución final [solucionar definitivamente y en forma amistosa la disputa de soberanía], reconocerá la soberanía de la República Argentina sobre las islas a partir de una fecha a ser convenida. Esta fecha será convenida tan pronto como sea posible después que (i) los dos gobiernos hayan resuelto la actual divergencia entre ellos respecto del criterio conforme al cual el Gobierno del Reino Unido considerará si los intereses de los isleños estarán protegidos por las salvaguardias y garantías ofrecidas por el Gobierno argentino y (ii) el Gobierno del Reino Unido esté convencido que esos intereses están asegurados de esa manera” (Informe Lord Franks, punto 23). Sin embargo, la victoria argentina –al haberse acordado avanzar conforme los “intereses” y no los “deseos” de los isleños, de acuerdo en un todo con la Resolución 2065– no duraría mucho: el lobby de la Royal Navy se pondría en funcionamiento para hacer fracasar las negociaciones.
El fracaso de 1968: del lobby de la Armada Real al lobby kelper
El 19 de junio de 1982, el diario The Guardian publicó un interesante artículo informando a la opinión pública acerca de las razones del fracaso de 1968. Los fundamentales libros de Alberto De Vita Malvinas 82: ¿cómo y por qué? y Rubén Moro La Trampa de Malvinas citan ambos el referido artículo, que transcribimos íntegro: “El abogado William Hunter Christie [cuya actuación se repetirá en 1982], ex miembro del Foreign Office, fue informado por una fuente secreta dentro del Ministerio de Defensa sobre las negociaciones que se llevaban a cabo entre ambos gobiernos… y que se estaba a punto de reconocer la soberanía argentina [sobre las Islas Malvinas]. De inmediato, Christie persuadió a la Falklands Islands Company para establecer un comité con el fin de mantener el archipiélago bajo la soberanía y absoluto dominio de Gran Bretaña. Luego, el abogado suministró información a un puñado de parlamentarios conservadores para incentivar el debate en el Parlamento y preparó material periodístico para los medios de difusión en una campaña publicitaria. El Daily Express, a primera página, se convirtió en el arma principal de la campaña que arruinó y congeló las negociaciones”. En el Recuadro “El Libro Blanco (White Paper) y el lobby de la Royal Navy” vimos en qué consistió la presión de esta Fuerza sobre el Parlamento. Entre las distintas acciones, debemos por supuesto agregar el “desliz” denunciado por The Guardian, “desliz” que permitió la aparición prematura en la prensa británica de información pertinente al estado de las negociaciones bilaterales en torno a la disputa de soberanía por Malvinas. ¿Quién puso en marcha esta campaña mediática? Para el historiador británico Freeman, “el Consejo Ejecutivo de las Islas […], cuya respuesta fue la de conseguir apoyo popular a su causa en Gran Bretaña, emitió una Carta Abierta al Parlamento y a la prensa, quejándose de las negociaciones secretas así como de la inminente capitulación. La Carta tuvo el efecto deseado. Se creó el Comité de Emergencia de las Islas Falklands, integrado por miembros de todos los partidos políticos. Su director, el presidente de la Falklands Islands Company.
Conservadores al poder
En 1970, el Partido Conservador ganó las elecciones presidenciales. Con él, la actitud británica hacia la disputa de la soberanía habría de tornarse crecientemente obstaculizadora a una salida conforme las Resoluciones de la ONU de 1965, 1966, 1967 y 1969 estipulaban. Fue así que la Argentina decidió avanzar con el establecimiento de comunicaciones aéreas y marítimas para romper el aislamiento de los isleños –generado por la desidia británica– y cumplir así con la Resolución 2065, con la esperanza de que “Londres flexibilizara su posición y atendiendo al espíritu y letra del Memorando de Entendimiento”. El 1 de julio de 1971, se firmó el acuerdo sobre comunicaciones que llevó el nombre de Declaración Conjunta de Buenos Aires. Según Moro, “la Argentina se comprometió a establecer enlaces aéreos y marítimos, brindar facilidades para la salud y educación de los isleños, prestar asistencia técnica y logística y constituirse en proveedor –a precios reducidos– de combustibles líquidos y gas envasado. Debería además construir una pista en las proximidades de Puerto Stanley –capital de las islas– para posibilitar los vuelos regulares. Ello promovió el caso de estoppel a un grado mayor de responsabilidad, ya que indujo a la Argentina a una amplia política de gastos en infraestructura y comunicaciones con las islas, a un costo superlativo, haciendo incurrir al Reino Unido en el mucho más grave jurídica y éticamente caso de estoppel de propiedad.
Nubarrones en el horizonte
A pesar de las acciones argentinas, la falta de resultados obligó al país a presentarse nuevamente ante las Naciones Unidas en 1973. Una vez más, la diplomacia argentina conseguiría un nuevo triunfo. Un Comité Especial dio origen a la Resolución 3160 dictada por la Asamblea General, en la que se pedía a ambas partes que “aceleraran las negociaciones para llegar a una solución sobre el tema de la soberanía”, promoviendo “la continuación del proceso de descolonización” en base a los “intereses” de los isleños. Un año antes, nuestro país ingresaba en el Movimiento de Países No Alineados, y desde el principio, tal cual había obrado en la OEA y ONU, sus representantes plantearon a los demás miembros de esta agrupación la cuestión Malvinas. Efectivamente, en la V Conferencia de Ministros de Países No Alineados, ciudad de Lima, en agosto de 1975, se adoptó una Declaración por Consenso que en lo referente al tema Malvinas decía: “Los Países No Alineados, sin perjuicio de ratificar la vigencia del principio de autodeterminación como principio general para otros territorios, en el caso especial y particular de las Islas Malvinas apoyan firmemente el justo reclamo de la República Argentina e instan al Reino Unido a proseguir activamente las negociaciones encomendadas por las Naciones Unidas con el objeto de restituir dicho territorio a la soberanía argentina y poner fin a esa situación ilegal, que aún persiste en el extremo meridional del continente americano” (Declaración del 30 de agosto de 1975). En los sucesivos encuentros de jefes de Estado como en los de carácter ministerial, los representantes argentinos actuaron siempre con el objetivo de lograr declaraciones que reiteraran la condena a la ocupación británica. Sin embargo, desde 1974, varios factores congelarían las negociaciones en este escenario, con Gran Bretaña redundando en sistemáticas violaciones a las resoluciones dispuestas y convenios firmados con representantes o cancilleres argentinos. A pesar de la posición británica, la Argentina firmaría en septiembre de ese año varios acuerdos comerciales con Gran Bretaña. Entre ellos, uno que facilitaba a los kelpers la comercialización de productos derivados del petróleo a precios inferiores a los que hasta entonces había aplicado la FIC en las Islas Malvinas. De esta suerte, el presupuesto argentino contribuía a mejorar el nivel de vida de los recalcitrantes habitantes del archipiélago, quienes parecían empeñados en frustrar todas las negociaciones con la Argentina. El Consejo Legislativo de las Islas, en sesión del 4 de enero del mismo año aprobaría la siguiente moción: “Que esta Cámara se opone enérgicamente a toda negociación o conversación celebradas con el Gobierno argentino sin el previo y completo conocimiento del pueblo de las Islas, que involucren la transmisión de la soberanía de esta colonia contra los deseos de sus habitantes.”
Pesca y petróleo empantanan aún más las negociaciones. Con la caída de los precios internacionales de la lana a partir de 1974, el PBI de la colonia británica en las Malvinas inició una indeclinable retracción del orden del 25% en apenas un puñado de años. Entonces, la pobreza se hizo cada vez más evidente, y con ella, el despunte de innumerables vicios y las más nefastas degradaciones humanas. De profundizarse tal comportamiento –especulaban en Londres–, las islas terminarían por caer indefectiblemente en manos argentinas. Presionada por el efectivo y poderoso lobby de la FIC, la magna metrópoli decidió entrar en acción. Luego de sendas misiones y estudios científicos enviados desde las universidades más prestigiosas de Inglaterra entre 1975 y 1976, una urgente diversificación y modernización económica se puso en juego. ¿Había otros recursos para abandonar a la lana? Ya para 1975 varias compañías petroleras estaban más que interesadas en el off shore malvinense, y fundamentalmente, en conocer los resultados de un informe geológico encargado a un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham. El informe fue publicado en marzo de 1975 y titulado “Geology of the region around Falkand Islands” (P.F. Barker, J. Burrel, P. Simpson y D. H. Griffiths). Allí se recopilaron datos de los primeros estudios sísmicos y geológicos efectuados en el archipiélago de las Malvinas en la década de 1950. También los conducidos en 1970 y las tres perforaciones en el Banco Ewin –algunos cientos de kilómetros al este de las islas– encaradas por el Programa de Perforación en Mar Profundo, en 1974. Dichas perforaciones demostraron la existencia de rocas fuente de petróleo en el área (Juan Archivaldo Lanús, De Chapultepec al Beagle). En los resultados esperanzadores del informe de la Universidad de Birmingham se basaron las primeras misiones enviadas por la Corona a las Malvinas, e integradas por parlamentarios, geólogos e ingenieros. Entre sus objetivos destacaban no sólo la búsqueda de riquezas petrolíferas, sino también la necesidad de comprobar fehacientemente si los isleños podrían subsistir en caso de que Gran Bretaña declarara la independencia de las islas.
Otra que Indiana Jones. Colin Phipps fue doctor en geología de la Universidad de Birmingham –de la que meses antes había partido la primera misión exploratoria a las Malvinas–, especializado en cuestiones petrolíferas. Formaba parte en 1975, al momento de redactar su informe, de grupos parlamentarios venezolano-británicos y ecuatoriano-británicos sobre problemas de petróleo. El trabajo citado contenía un interesante estudio sobre el tema, titulado: “Prospecto sobre el desarrollo de hidrocarburos”. En él, Phipps comienza por señalar que la información recogida sobre la posibilidad de existencia de hidrocarburos en las islas, tanto en tierra como en el mar era muy escasa, a pesar de algunos estudios aislados que se han hecho. En efecto, no podía determinarse la existencia o no de petróleo, pero sí lograron establecerse la presencia de un número de cuencas sedimentarias en el mar: hacia el oeste de la cuenca de las Malvinas; hacia el norte, lo que se suponía podría ser una extensión marítima de la cuenca de San Jorge en la Patagonia, y hacia el este, dos cuencas mal definidas vinculadas con la plataforma Falkland. “No existe –agrega Phipps– ninguna ley claramente establecida aplicable al mar y su suelo que podría alcanzar una decisión satisfactoria con respecto a cuáles partes de la cuenca descripta deberían pertenecer a las Falkland, en su calidad de islas británicas. Ciertamente las áreas existentes entre las islas y la Argentina deben ser divididas de la misma manera como fueron divididas en el mar del Norte, pero las áreas que se encuentran entre el norte y el este de las Malvinas son mucho más difíciles de definir.” (Bonifacio del Carril, Diario La Nación, 2 y 3 de septiembre de 1982). Ahora bien, sugerimos al lector lea muy atentamente lo que sigue. Refiriéndose a las islas, Phipps explica que: “Son el tipo de posibilidades que la industria del petróleo, dificultades políticas aparte –aforismo por “escollos políticos eliminados”– desearía explorar en la década del ochenta. [...] Según los acuerdos internacionales comunes un país tiene derecho a considerar el área hasta un límite de doscientas millas de su costa como propia “área de interés económico. [...] Tanto la cuenca de las Malvinas como la extensión en el mar de la cuenca de San Jorge se encuentran en un área de línea media entre la Argentina y las islas Malvinas, un acuerdo entre los dos países sobre la línea media es necesario para poder otorgar licencias de exploración para toda el área del mar. En defecto de un acuerdo, las islas Malvinas (si fuesen británicas) [sic], podrían otorgar licencias sobre áreas fuera de la disputa, pero como las dos cuencas están interceptadas por la línea media, y ninguna de ellas, es demasiado larga, esto significaría que solamente una parte de cada una de ellas sería disponible.” Según investigaciones del editor de este suplemento y que volcó en su libro Malvinas y Petróleo. Una historia de Piratas (Capital Intelectual – 2010), Colin Phipps no sólo fue asesor petrolero de Margaret Thatcher, sino que además estuvo presente en la reunión de Gabinete en la que la Dama de Hierro decidió declararle la guerra a la Argentina. Pero esto no es todo. Phipps fue además el fundador de Desire Petroleum (en 1996), operadora que se hizo de las primeras licencias otorgadas unilateral e ilegítimamente por los kelpers en los noventa.
La Misión Shackleton
El 16 de octubre de 1975, Gran Bretaña confirmó que enviaría a las Malvinas una misión encabezada por Lord Shackleton (ex Ministro de Trabajo) para realizar una misión económica. El excelente y ya citado Informe Franks, relata que esta misión se proponía realizar una investigación económica profunda y a largo plazo sobre las posibilidades de desarrollo de las Islas Malvinas y sus dependencias. Recordemos que en aquel entonces, la población de las islas disminuía drásticamente –los jóvenes migraban a Australia y Nueva Zelanda–.
En 1976, el informe Shackleton (unas 450 páginas), concluía: “Un tesoro inmenso, compuesto de proteínas, gas natural y petróleo podría ocultarse en la zona que rodea a las Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña y reclamadas por la Argentina, en el Atlántico Austral.” Asimismo, enfatizaba la “necesidad de que ni las proteínas ni el petróleo, ni el gas serán aprovechados, a menos que Gran Bretaña obtenga la cooperación financiera de la Argentina. En materia estrictamente hidrocarburífera, indicaba: “Se obtuvieron suficientes pruebas geológicas como para asegurar que habrá gran interés en la exploración del petróleo frente a sus costas, así como del gas que allí se encuentra, a condición que se llegue a un acuerdo con la Argentina sobre alguna forma de colaboración económica.” (Federico Bernal, Petróleo, Estado y Soberanía). Las conclusiones de la misión Shackleton eran coincidentes con el Informe Phipps, y ambas dos con las del Informe Ridley de 1979 en cuanto a las implicancias sumamente negativas que acarrearía la independencia de las Malvinas ante el drástico escenario económico-social vigente. En efecto, en julio de 1979 el ministro del Foreign Office, Nicholas Ridley, fue enviado para establecer contactos directos con los isleños. De entrada quedó impresionado por la necesidad de detener la despoblación de las islas. Como sus antecesores, Ridley llegó a la conclusión de que la mejor forma de detener ese flagelo era llegar a algún acuerdo con la Argentina. Según la fuente británica, la mejor posibilidad era la transferencia de la soberanía con alguna forma de arrendamiento y administración (cabe recordar que esta fórmula será planteada como posibilidad por Ted Rowlands, en 1977).
Phipps propondría como solución –lo mismo harían en parte los otros dos investigadores–, una concertación entre las partes interesadas: la Argentina, los isleños y Gran Bretaña. La intransigencia argentina, totalmente justificada desde que nuestro país no podría tolerar la independencia de un territorio cuyo dominio venía siendo reclamado desde hacía medio siglo, y que naturalmente le pertenecía, igualaba a la intransigencia por parte de los isleños: tampoco ellos querían independizarse sabiendo que no podrían subsistir más de allá de unos cuantos meses sin la, por entonces, vital ayuda argentina. Las investigaciones del Shackleton abrieron un período de intenso estudio de la plataforma continental, que continuaría el año siguiente con intervención de las empresas estadounidenses Geophysical Services Inc. y Western Geophysical entre la Costa Argentina y las Islas Malvinas. La pesquisa contaba con el patrocinio de la British Petroleum entre otras empresas internacionales.
Hacia la propuesta de Administración Conjunta. A finales de 1976, tres posiciones se debatían en Downing Street en relación con Malvinas:
1) el gobierno británico o el Foreign Office (alternado y compuesto por laboristas –más conciliatorios– y por los duros o conservadores), al cual le pesaban las resoluciones de las Naciones Unidas;
2) el Parlamento, vigía de los intereses políticos del imperio;
3) la compañía comercial que mantenía el monopolio económico, político y social de las islas, la Falkland Islands Company. Estos dos últimos actuaban conjuntamente, pues siempre fue bien conocido el lobby con que la compañía presionaba al Parlamento. Phipps hacía referencia al lobby en su informe como “uno pequeño pero vociferante. Actúa y ha tenido directa influencia en las derivaciones del problema.” (Colin Phipps). A finales de febrero, la Argentina conseguía un apoyo de fundamental importancia en el Organismo Regional de la Organización de Estados Americanos. El texto de la declaración del Comité Jurídico Interamericano, aprobado en Río de Janeiro el 16 de enero de 1976, declaraba entre otros puntos:
“1) Que la República Argentina tiene inobjetables derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, por lo que la cuestión fundamental a resolver es el procedimiento a seguir para el reintegro de su territorio; y
2) Que la Misión Shackleton, prohijada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte importa innovar unilateralmente y por ende contraviene las Resoluciones 2065 y 3160 de la ONU”. Cinco meses después las relaciones se reanudarían en París, para tocar Buenos Aires en agosto del mismo año. En 1976 el gobierno argentino había presentado por escrito a los británicos una propuesta de Administración Conjunta. En ese proyecto se proponía como administradores conjuntos al presidente de la Argentina y a su majestad británica, bajo un régimen de administración de ocho años de duración, al término del cual la Argentina asumiría el gobierno total de las Islas. Por su parte, los británicos presentaron también una serie de ideas, una de las cuales se refería a la cooperación en el sudoeste del Océano Atlántico, al derecho del mar, al régimen de pesca y explotación de los hidrocarburos.
El año 1976 se cerraría con un nuevo triunfo diplomático argentino: la Resolución 31/49 (XXXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mediante dicha resolución, se aprobó un nuevo informe del Comité Especial de Descolonización, informe que expresaba “su gratitud por los continuos esfuerzos del gobierno argentino [...] para facilitar el proceso de descolonización y para promover el bienestar de la población de las islas”, a la vez que solicitando a ambos gobiernos en litigio que aceleraran las negociaciones. La resolución, aprobaba por 102 votos contra 1 –adivine el lector a qué país se debió el voto negativo– y 32 abstenciones, pasó a engrosar la suculenta lista de conclusiones favorables para la diplomacia nacional.
La propuesta del Arrendamiento y el rechazo kelper. En 1976, Ted Rowlands, segundo en el ministerio, viaja a las islas para conocer el pensamiento de sus habitantes y convencerlos de la conveniencia de un arreglo con la Argentina. Una vez allí, les transmitió que no tenían muchas opciones y que entre ellas figuraba la del “arrendamiento”, opción que implicaba el reconocimiento previo de la soberanía argentina. Les informó, además, que la disputa de la soberanía debía volver a figurar en la agenda de las conversaciones y que el porvenir estaba en el acuerdo con la Argentina. Esta aparentemente paradojal opinión, por proceder de un funcionario inglés, se basaba en los resultados de los informes Phipps y Shackleton. Por otro lado, vale la pena destacar que como laborista (en 1976 gobernaban los laboristas), eran más proclives a una solución pacífica y quizás más justa para nuestro país. Rowlands presenta una serie de declaraciones y resultados de su viaje a la Casa de los Comunes, los cuales son rechazados por el gobernador de las islas y el Comité en Londres. Como consecuencia de la negativa, el funcionario se ve obligado a retornar a las islas en 1977. Owens, por entonces director del Foreign Office, advertía al Comité de Defensa del Gabinete británico: “Es necesario desarrollar negociaciones serias y sustanciosas para mantener a los argentinos en juego, desde que las islas son militarmente indefendibles, excepto a través de una inversión costosa e inaceptable.” (Nicanor Costa Méndez. Malvinas, esta es la historia). Conviene subrayar que, según esta declaración, entre muchas otras posteriores, la posibilidad de una reacción militar argentina había sido prevista por los ingleses mucho antes que el 2 de abril de 1982.
La propuesta del “arrendamiento” parecía válida como preludio a una entrega paulatina de las islas a su país de origen, pero la Argentina se quejaba de que esta opción fuera empleada como pretexto para dilatar indefinidamente las negociaciones, pues nunca fueron expresamente incluidas en las conversaciones. A mediados de 1977 y con altibajos hasta la iniciación del conflicto, la disputa entre las partes se endurecerá progresivamente. Desde la Resolución 2065, que los británicos nunca abandonaron el propósito de luchar por los “deseos” de los isleños. Como refiere Costa Méndez en su libro citado “no lo hicieron en el curso de las negociaciones diplomáticas que se desarrollaron entre 1965 y 1981; no lo abandonaron en las que tuvieron lugar mientras se sucedían las hostilidades; bien por el contrario, en esos momentos renovaron tenazmente este objetivo. La pretensión apareció en las propuestas de Haig [secretario de Estado norteamericano y ex comandante de la OTAN en Europa]; subrepticiamente en la propuesta de Belaúnde, [...] y más disfrazada y más subrepticia aún, tan escondida que hasta muchos argentinos no la advirtieron, en la propuesta que el gobierno de Londres cursó a través del secretario general de las Naciones Unidas, embajador Pérez de Cuéllar.” Resultaba así imposible llegar a un acuerdo razonable con una tercera parte –los kelpers– que ni la Argentina ni las Naciones Unidas hubieran aceptado, y que por otro lado y para enero de 1981 opinaban en estos términos de la cuestión: “Aunque a esta Cámara no le agrada ninguna de las ideas planteadas por el Ministro de Estado, el Sr. Ridley para un posible arreglo de la disputa de soberanía con la Argentina [enviado a las Islas en julio de 1979 y noviembre de 1980 para tantear entre los isleños la política del “arrendamiento”], aprueba que el Gobierno de su Majestad trate de encontrar un arreglo para congelar la disputa de soberanía durante un lapso específico” (Informe Franks, punto 83). Las negociaciones estaban cada vez más lejos de darle una solución satisfactoria a nuestro país. Gran Bretaña era consciente de ello; los kelpers también.
Advertencias desoídas
En mayo de 1979 el Partido Conservador retorna al poder. Con él la señora Thatcher, Lord Carrington como ministro de Relaciones Exteriores y la postura más intransigente de cara a una definitiva solución del conflicto. Al finalizar la década del ’70, Franks, en el informe citado (punto 73), comentaba sobre la situación: “El 20 de septiembre de 1979 Lord Carrington envió una nota a la primera ministro y a otros miembros de la Comisión de Defensa solicitando su aprobación a la política a aplicar para las Islas Malvinas. La nota presentaba tres posturas:
1) la denominada ‘Fortaleza Malvinas’ (sic);
2) negociaciones prolongadas sin concesiones en materia de soberanía; y
3) importantes concesiones en materia de soberanía. Lord Carrington recomendaba la última opción afirmando que era conveniente para los británicos y para los isleños mismos tratar de avanzar en las negociaciones. Sugería que la mejor solución para satisfacer los objetivos del gobierno y los deseos de los isleños sería el ‘arrendamiento’ para los isleños. La continuidad de las negociaciones haría menos probable una reacción argentina impredecible y, posiblemente, violenta.” A propósito, vale la pena destacar que los mismos Servicios de Inteligencia británicos que elaboraron el Informe Franks, alertaron para el período entre 1965 y 1979 que “la amenaza militar a las Islas variaba según el curso de las negociaciones”, mientras que “las operaciones ‘temerarias’ contra las Islas cedieron paso a formas más amplias y agresivas de acción militar por parte de la Argentina (Franks, punto 70).
Sin “Fortaleza” y con muchos “deseos”
¿Qué pasó a partir de 1980? Prevaleció la opción de continuar las conversaciones sin hacer concesiones en materia de soberanía, priorizando los “deseos” de los isleños, aunque sin hacer de las Malvinas ninguna “fortaleza”. Es decir, Gran Bretaña descartaba definitivamente y en las propias narices argentinas la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero dejando absolutamente indefensas a las islas. El Consejo Parlamentario de las Falklands rechazó la propuesta de arrendamiento el 6 de enero de 1981. En las posteriores reuniones bilaterales, los británicos imponían a los kelpers como protagonistas, violando todas las resoluciones de la ONU. La paciencia argentina llegaba a su fin y los ingleses lo percibían claramente.
Quince años habían transcurrido desde la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quince años desde la primera vez que británicos y argentinos se sentaron en una mesa de negociaciones a discutir la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur.
La Argentina había realizado importantísimas y muy costosas inversiones en las Islas, revirtiendo en buena parte el aislamiento y olvido en el que Londres había colocado a sus habitantes. La Argentina había confiado en la buena voluntad del Reino Unido en base al memorando de Entendimiento de 1968. No obstante, nada, absolutamente nada se había avanzado en la disputa a comienzos de 1981. De hecho, jamás dejaron de lado la cuestión de los “deseos” de los isleños (los kelpers como una tercera parte en la disputa), cuestión que hasta llegaron a incluirla en su última propuesta de “paz”, el 29 de abril (propuesta de Alexander Haig), claro que una vez consumada la agresión del 25 del mismo mes en las Georgias.
Febrero 1981 a Febrero 1982
1. Para febrero de 1981, la postura británica de “congelamiento de todo tipo de conversaciones por el término de diez años” era la que prevalecía en el Foreign Office. El extracto del informe oficial de la Cámara de los Comunes del 2 de diciembre de 1980, documento que se incluye como Anexo del Informe Franks, reflejaba la poca disposición británica y el tratamiento del problema de fondo, apoyándose en justificativos emocionales, poco profundos y carentes de veracidad. (Informe Rattenbach, puntos 46 y 47)
2. El 23 y 24 de febrero de 1981, en Nueva York, se efectuó una nueva ronda de negociaciones. Tal cual lo acordado, la parte británica expuso lo acontecido en los últimos meses y los resultados del viaje de Ridley a Malvinas con las tres propuestas que llevó y la respuesta que obtuvo de ellas: procurar el congelamiento del tema soberanía argentina por diez años. Por su parte, la Argentina expuso que el tiempo político se estaba acabando (Informe Rattenbach, puntos 56 y 57).
3. Después de la última ronda de negociaciones (23/24 de febrero en Nueva York - 1981) se advirtió una creciente posición de dureza en la Cámara de los Comunes, donde una minoría muy activa se solidarizó con el sector “kelper” que propiciaba el congelamiento de las negociaciones. El Foreign Office, si bien en una posición más conciliadora, sostenía aun la posibilidad de negociar la soberanía de las islas, sin incluir en este “paquete” a las Georgias y Sandwich del Sur, a las que consideraba como la base para sus operaciones y reclamos en la Antártida. Ante estos hechos, el 27 de julio de 1981, el doctor Camilión envió una nota al embajador británico en la que reclamó “una negociación acelerada, dado que la situación colonial resultaba un anacronismo tan inaceptable como insostenible para la dignidad de la Nación Argentina.” (Informe Rattenbach, puntos 60 y 61).
4. Paralelamente a este accionar dilatorio y ambiguo, a la vez que sumamente provocativo, el Foreign Office comenzaba a prever un plan para el caso de que la Argentina dejara de proveer lo servicios que prestaba [Acuerdo de Comunicación]. […] También se tuvo en cuenta la necesidad de preparar planes de contingencia militares. En efecto, a comienzos de año, la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth pidió al Ministerio de Defensa que actualizara la evaluación –preparada en 1977 [punto 64 del Informe Franks]– de las medidas que podrían tomarse para oponerse a una acción militar argentina. (Informe Franks, puntos 108 y 109).
5. En la reunión del ministro de Defensa con los funcionarios de la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth, celebrada el 1 de mayo de 1981, se convino que era requerido para hacer “una breve evaluación político-miliar de la capacidad de Gran Bretaña para responder militarmente a una serie de posibles acciones argentinas. […] Al finalizar la reunión, dicho documento fue aprobado formalmente por los Jefes de Estado Mayor el 14 de septiembre de 1981. En este documento, similar por su alcance al preparado en 1977, se examinaban las opciones militares en la evaluación hecha por la Comisión Conjunta de Inteligencia con respecto a la Argentina en julio de 1981 y las posibles respuestas. [Se] puso especial atención en la capacidad militar británica, muy limitada en el área, ya que la fuerza de defensa de las islas estaba constituida por una guarnición de sólo 42 infantes de marina británicos que portaban armas livianas y que trabajaban sólo medio día, y por el HMS Endurance, que en marzo de 1982 fue retirado. […] La respuesta militar británica tenía que ser esencialmente naval. Luego, el documento hacía un examen de las posibles formas de acción argentinas: hostigamiento o captura de buques británicos; ocupación militar de una o más islas deshabitadas; captura del equipo británico de las BAS en Georgias del Sur; una operación militar en pequeña escala contra las islas; una invasión militar total contra las islas. En el último caso, para disuadir una invasión total, se juzgó necesaria una gran fuerza equilibrada […]. Pero existía el peligro de que su envío pudiera precipitar justamente la acción que se quería disuadir (Informe Franks, puntos 110, 111, 112).
6. Una de las consecuencias del Estudio de Defensa de 1981, fue la decisión de retirar el HMS Endurance [del archipiélago]. El 5 de junio de 1981, Lord Carrington escribió al Secretario de Estado de Defensa, Sr. Nott, [...] insistiendo en que se lo mantuviera en la zona hasta que la disputa con la soberanía quedara resuelta; […] cualquier reducción podría ser interpretada, tanto por los isleños como por la Argentina, como una reducción del interés británico por las Islas y por su defensa. […] El retiro del HMS Endurance fue confirmado al Parlamento el 30 de junio de 1981 (Informe Franks, punto 114). Se inicia la campaña periodística en contra de las reducciones de la Royal Navy.
7. Trascendió por entonces también que para octubre de 1981, habría de cerrar la estación del British Antartic Survey en las islas Georgias. Dicha decisión finalmente no terminó ocurriendo gracias a la decisión de último minuto de nuevos recursos para una prórroga de diez meses más. ¿De dónde provinieron estos recursos? De Mr. Luce, pieza clave de las rondas de negociación anglo-argentinas durante 1982 (ver punto 14).
7. El 31 de mayo, una concentración de 100 mil obreros inundaron las calles de Londres. La popularidad de Thatcher había caído del 40% en 1980 a un 25% (Mariano Bartolomé. El Conflicto del Atlántico Sur. Págs. 92 y 93).
8. Se presenta el Libro Blanco en la Casa de los Comunes, en junio de 1981. El mismo incluía ingentes recortes presupuestarios a la Cartera de Defensa, con foco en la Royal Navy. El lobby del Almirantazgo comienza a ejercer fuerte presión en el Parlamento. Cae Francis Pym, ministro de Defensa, por su llamativa e injustificada coincidencia con los intereses del Almirantazgo, en franca oposición a la política de ajuste de Thatcher (Virgnia Gamba. The Falklands Malvinas War. Pág. 73).
9. En agosto, la Argentina vuelve a demostrar su interés en encontrar una solución pacífica a la disputa. Se envió a las Islas y en carácter de emergencia, un avión Hércules C-130 con suministros de todo tipo (Rubén Moro, pág. 77)
10. En julio y agosto, el empresario Constantino Davidoff realizó gestiones ante la Embajada británica en Buenos Aires y en Transportes Navales para viajar a la Isla San Pedro (Georgias) en el próximo verano austral (Rubén Moro, pág. 85)
11. El 22 de septiembre, el Daily Telegraph publicó un artículo que resultaría estratégico para comprender los hechos desencadenantes del conflicto armado. Desmond Wettern, su corresponsal naval, tituló su relato con estas palabras “Alarma por el plan de acabar con buque antártico de la Armada”. Se refería al Endurance. La nota concluía con las declaraciones del comodoro Brian Frow, director general de la oficina comercial de la FIC y titular de la Falklands Islands Committee en Londres, quien sorprendentemente afirmaba: “[…] el retiro del Endurance… es la peor cosa que podríamos hacer en este momento pues estoy convencido que la cuestión de soberanía se producirá en el invierno próximo [verano austral, diciembre 1981-marzo 1982] (Rubén Moro, pág. 80). ¿A qué se hecho se estaba refiriendo Frow? A la visita prevista del empresario Davidoff en las Islas Georgias, para marzo de 1982. El gobierno de las Islas Malvinas estaba al tanto del contrato entre Davidoff y la empresa Salvensen (Edimburgo). Tener en cuenta la terminología utilizada por el comodoro británico: “soberanía”. En los próximos números de este Suplemento volveremos al incidente Davidoff, cuando una actividad comercial privada conocida y autorizada por Gran Bretaña sería elevada voluntariamente al rango de incidente internacional por parte del lobby bicéfalo entre la FIC y la Royal Navy.
12. Al hacerse cargo de la Cancillería, el doctor Costa Méndez (1982) tuvo dos reuniones con el general Galtieri, en las cuales este le impartió entre otros temas la directiva de activar al máximo las acciones diplomáticas tendientes al reconocimiento de nuestra soberanía en Malvinas, agregando que no descartaba que se tuviese que llegar a algo más que la diplomacia. Nuestra Cancillería, cumpliendo la directiva del presidente, entregó al embajador británico en Buenos Aires una propuesta para la reactivación de las negociaciones a ser tratadas en la próxima reunión conjunta, demorada hasta febrero por problemas británicos (Canadá) y argentinos (cambio de autoridades) (Informe Rattenbach, punto 64).
13. Se celebraron en Nueva York las negociaciones que fracasan el 27 de febrero (1982). Para entonces y según se desprende del Informe Franks, Thatcher tenía ya en su poder varios informes que advertían sobre una posible confrontación. La ronda de negociación se realizó con presencia de isleños. No hubo progreso en la cuestión de fondo (Juan Carlos Agnoletti, Crónicas Malvinenses, Tomo 1, Página 50). En dicha ronda de negociaciones, la delegación británica presentó un documento de trabajo en el que expresaba su opinión sobre el sistema del cual formaría una comisión negociadora permanente. La mayor parte de la subsiguiente discusión estuvo relacionada con los arreglos detallados para la comisión, pero la delegación argentina presionó para que se diera una respuesta concreta a sus propuestas dentro de un mes y para que la comisión se reuniera por primera vez el 1 de abril de 1982 (Informe Franks, punto 135).
14. Las conversaciones mantenidas el 26 y 27 siguen el mismo patrón que todas las anteriores. La Argentina expresó su invariable deseo de lograr un progreso en negociaciones pacíficas; Gran Bretaña eludió, con sus mejores artes aprendidas a lo largo de varios siglos de diplomacia astuta, pérfida, ruda o sutil, según el caso, todo compromiso, y evitó a la vez conceder argumentos para la ruptura del diálogo. [Durante aquellas negociaciones] el señor Luce, jefe de la Comisión Negociadora, insistió una y otra vez en subrayar la prioridad que la opinión de los isleños debería tener en la decisión definitiva. Ello equivalía a decir que el tema no podía tener solución, desde que los isleños habían manifestado que no aceptarían solución alguna y habían pedido la congelación de las negociaciones. Por nuestra parte dijimos una vez más que la concesión de este derecho de veto a los habitantes de las islas era inaceptable y contraria a la resolución de la Asamblea General. Dijimos también que Gran Bretaña, al pretender el ejercicio de ese derecho, hacía imposible la continuación de las negociaciones y las ubicaba fuera del marco en que las había colocado la organización internacional. Su posición, a más de injusta, era claramente ilegítima. […] Sabía muy bien Luce, cuál había sido la suerte corrida por los negociadores que habían intentado actuar en forma positiva (conocía el destino político de Chalfont en 1968, de Rowlands en 1978 y de Ridley en 1980); Luce no estaba dispuesto al suicidio político ni tenía inclinación alguna por él (Nicanor Costa Méndez. Malvinas, esta es la historia. Páginas 85-88.
TiempoArgentino
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