Roger Edwards, un miembro de la autodenominada asamblea legislativa de los residentes en las Islas Malvinas, reconoció que los británicos echaron por la fuerza a una guarnición argentina en 1833, pero igual se preguntó, casi ofendido, en una carta pública: “¿Nadie escucha a los isleños?” Y se apuró a negar que los kelpers sean “una población implantada”.
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| El británico Roger Edwards que finge ser kelper |
De ese tipo de “implante” poblacional, reeditado sin cesar por los británicos durante casi 180 años, es de lo que habla justamente la ONU cuando llama a Buenos Aires y Londres a sentarse a una negociación bilateral directa, entre los dos estados, sobre la disputa de soberanía de Malvinas.
Hace medio siglo, la Asamblea General de la ONU aprobó la “Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos coloniales”, que rigió todo el proceso descolonizador a favor de pueblos subyugados y territorios usurpados. Pero muy pronto, en 1965, por el peso de la evidencia histórica, la Cuestión Malvinas pasó a ser un caso “especial y particular” de descolonización: en las islas no hay un pueblo sujeto a la dominación o explotación extranjera, sino un territorio usurpado por un poder colonial que desalojó la población nativa e implantó por la fuerza una nueva población.
Diez resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas han convocado al Reino Unido de la Gran Bretaña y a la Argentina a sentarse y a negociar, a conversar sobre la soberanía. Londres insiste en hacer flamear la bandera de la “autodeterminación” para los isleños. Sin embargo, la realidad demuestra que ellos no son un pueblo al que hay que liberar de la opresión colonial.
Debido a que los soldados y sus familias son sistemáticamente excluidos en la realización de los censos de población no está claro cuántos son, pero sí sabemos que cobran sus salarios y perciben sus beneficios desde Londres, directamente. También que los gastan en las islas. Gran parte de la población civil sirve –directa o indirectamente– a ese descomunal despliegue armado. Un despliegue concebido, más que para defender la colonia, para sostener por la fuerza la explotación ilegal de recursos naturales en las aguas del Atlántico Sur y resguardar los intereses estratégico-militares de la corona británica.
La Constitución Nacional de 1994 establece como objetivo permanente e irrenunciable de la Argentina la recuperación de las Malvinas “respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional”. También las Naciones Unidas instan a respetar los “intereses” de los isleños. Y Londres a respetar sus “deseos”.
Pero deseos no son intereses. Mejor que los argentinos, lo saben los propios británicos por su experiencia en otra isla de ultramar, la Diego García. Esta formación de coral de menos de 50 kilómetros cuadrados, parte del archipiélago de Chagos, está sobre el Océano Índico a mitad de camino entre la India y África. La controlaron portugueses, franceses y, claro, el Imperio Británico. (Leer El Reino Unido no apoya la autodeterminación del atolón Diego García )
La Diego García dejó de ser posta de cargueros en 1966, cuando Gran Bretaña se la alquiló a Estados Unidos hasta 2016, para que instalara allí una base militar. Los habitantes de la isla, los “chagosianos”, tenían también “deseos”, pero Londres los ignoró olímpicamente, se guió por sus propios “intereses” y en un tris desalojó a los dos tercios de la población civil para proceder al arrendamiento.
La demanda de los chagosianos por el desplazamiento llegó a la justicia británica y tuvo el fallo a favor del Tribunal Supremo, que lo consideró ilegal. Pero en 2008, la Cámara de los Lores resolvió la cuestión a favor de Londres. El argumento de la corona que finalmente se impuso fue que los habitantes de la Diego García no tenían ni territorio propio ni derechos sobre las islas. Cualquier asociación con las Islas Malvinas… ¿es una casualidad?
Como se recuerda, tampoco Gran Bretaña contempló los deseos de los habitantes de Hong Kong, que rechazaban su integración a China (aún bajo el régimen de “un país, dos sistemas” bendecido por Beijing).
Ellos vieron cómo Londres resolvió el acuerdo rápidamente en una negociación estrictamente bilateral que esterilizó cualquier pretensión de autodeterminación.
Por eso, como ha dejado en claro el gobierno argentino, la pretensión británica de condicionar la obligación de reanudar las negociaciones de soberanía a la aplicación del principio de autodeterminación no sólo carece de fundamento, sino que además es totalmente contradictoria con los antecedentes de otras disputas territoriales.
Hasta Estados Unidos, antiguo aliado estratégico de Gran Bretaña, socio en la OTAN antes, durante y después del conflicto de 1982, e inquilino de los británicos en la Diego García, se ha manifestado a favor de una solución de la disputa de soberanía de Malvinas que suponga una negociación diplomática entre dos partes, Londres y Buenos Aires. No tres.
Esa negociación, como lo establece la Constitución, jamás podría implicar que se desconozca el modo de vida de los actuales habitantes de las Malvinas. Argentina ha dado pruebas demasiado grandes, y las sigue dando, del ánimo de convivencia que pretende para esa parte del territorio nacional.
Antes de 1982, hijos de isleños kelpers venían al continente a estudiar; y las parturientas, a parir. Nuestras maestras enseñaban español en las islas y la cooperación era creciente. Ese intercambio renovado será la primera consecuencia de la apertura de negociaciones bilaterales cuando ello pase. Y pasará.
El reciente ofrecimiento del Gobierno Argentino, de establecer tres vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas hacia las islas a través de territorio continental argentino, se inscribe en el mismo sentido: trabajar para que se cumplan las resoluciones de la ONU, y no perjudicar a los isleños. Es un gesto positivo que prueba cuánta convicción y firmeza hay en nuestro reclamo de negociar de una buena vez.
La estrategia diplomática argentina –con epicentro en Naciones Unidas desde hace décadas, se ha visto reforzada en 2011 durante la presidencia argentina del influyente Grupo de los 77 (G-77) y China y en Sudamérica desde la reciente creación de la Unasur – se dedicó a crear las condiciones políticas propicias para reabrir negociaciones en términos de soberanía.
En ese mismo proceso, tenemos que inscribir el trabajo del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, de la Cámara de Diputados, que pudo incluso establecer un intercambio con pares del Parlamento británico, dejando en claro que los distintos partidos políticos de nuestro país la conciben como una política de Estado.
Como dijimos, el territorio usurpado de Malvinas está ocupado con una población implantada que la propia ONU excluye de los beneficios de la autodeterminación poscolonial y que Londres exhibe como excusa de intereses puramente económicos, petroleros y pesqueros y que, por si fuera poco, amenazan la biodiversidad del Atlántico Sur.
Prueba de que lo que Londres tiene en juego son sus propios intereses, y no el bienestar de los isleños, es la relación de población civil y castrense de las Malvinas, sólo explicable como parte de una estrategia de militarización, en conexión con la explotación de recursos naturales.
Lo prueba también que miles de militares y sus familias vivan en las Islas Malvinas pagados por Londres. Que todos los británicos en las islas dependan de los servicios sociales de Londres. Que el único hospital de Malvinas sea sostenido por el Ministerio de Defensa británico.
Las islas tienen nada menos que siete aeropuertos y el más grande… es militar. El empleo en las islas es en gran medida empleo público y está dedicado a servir a las Fuerzas Armadas de la Corona. Técnicamente, no hay desempleo.
Así, además de sus viejos intereses estratégicos en el Atlántico Sur (expuestos ya desde las fallidas invasiones de 1806 y 1807), ahora la defensa de intereses petroleros y económicos le exigen a Londres hacer una segunda operación contra el derecho: otro implante, el de una descomunal “prótesis” militar de buques, aviones y efectivos.
El calamar illex es –con la merluza- el principal recurso ictícola del Mar Argentino y su captura en torno de las Malvinas, a través de licencias otorgadas a buques extranjeros, lo convirtieron en ingreso principal de la administración inglesa de las islas junto con la exploración de petróleo.
Pero en 2011 la depredación del calamar –un recurso estacional– llegó a tal punto que obligó a una comisión técnica bilateral argentino-uruguaya a cerrar el período de captura en la Zona Común de Pesca que comparten ambos países.
Gran Bretaña se lleva ilegalmente la pesca de las aguas argentinas hace tiempo, así como se quiere llevar el petróleo y los minerales. Para poder hacerlo, Londres despliega un gran poderío militar en el Atlántico Sur. No es, precisamente, para garantizar la seguridad o intereses atribuidos a los isleños. O como muchos desearían en Londres para hacer frente a una aventura militar como la de 1982, de una dictadura condenada ya en la historia y en nuestros propios tribunales.
Todo lleva a concluir que las Malvinas no son autosuficientes y que dependen exclusivamente de la asistencia del Estado británico. Los supuestos intereses de los isleños son un falso escudo en la argumentación británica.
Los actuales habitantes de las islas son considerados por los argentinos como la resultante histórica de la antigua usurpación de un imperio, pero jamás veremos en ellos –a diferencia de Londres– una herramienta descartable de nuestros intereses como nación.
Más pronto que tarde, vivirán bajo una soberanía argentina reconocida y sin padecer destierros como el que, con mucha flema y poca piedad, Gran Bretaña les impuso a los habitantes de la isla Diego García.
Por esa razón, volviendo a la pregunta inicial formulada por el señor Edwards, él debe saber que a ellos, Londres nunca los escuchó. La potencia colonial estaba demasiado ocupada en hacer valer sus propios intereses.
Jorge Argüello * Embajador de la República Argentina en los Estados Unidos de América.
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