Por Facundo Rodríguez
El 2 de agosto la flamante primera ministro británica, Theresa May, envió una carta al presidente Mauricio Macri. Algo normal entre dos mandatarios. Sin embargo, mediante palabras edulcoradas expone una alarmante presión y advertencia hacia nuestro país. Con intencionalidad manifiesta hace mención al proceso de selección del próximo secretario general de las Naciones Unidas, cargo al que aspira la canciller Susana Malcorra. El Reino Unido ejerce el controvertido derecho a veto en el Consejo de Seguridad. También la líder británica aborda el interés de la Argentina de participar de la OCDE, un objetivo primordial de la política exterior del actual gobierno y espacio en el que los anglosajones son determinantes.
Hasta aquí las referencias se circunscribían a los afanes argentinos, pasibles de ser frustrados por el Reino Unido. Sin embargo, finaliza la carta con un inquietante pedido, el que constituye, en esencia, el punto focal de la comunicación: mayores beneficios hacia los británicos en Malvinas, traducidos en más vuelos hacia “terceros países del continente” y el cese de medidas coercitivas de la Argentina en contra de las empresas que participen en la explotación hidrocarburífera en la zona en disputa. Es clara la intención británica, un quid pro quo por el cual desliza su eventual no oposición a intereses importantes para la administración del presidente Macri a cambio de favorecer a los isleños en Malvinas y a las apetencias propias del Reino Unido. También se podría analizar desde otro ángulo: una amenaza encubierta. Si la Argentina no accede a lo sugerido se procurará interferir y afectar sus ambiciones.
Lo solicitado por la primera ministro, como es habitual en los británicos en los largos años que lleva la controversia, procura obtener beneficios significativos sin ninguna contrapartida vital para la Argentina. Los vuelos directos serían hacia “terceros países”, negándose la posibilidad de que partan o lleguen desde/hacia la Argentina continental. Eliminar las legítimas medidas para proteger los derechos argentinos sobre los recursos hidrocarburíferos de la zona, objeto de la controversia de soberanía que el Reino Unido se niega a resolver, procura morigerar los costos de la actividad. Un barril de petróleo a un precio tan bajo hace que se desvanezca el paraíso que el lobby isleño vendió al mundo.
En las actuales circunstancias, Argentina tiene que realizar una precisa evaluación de la situación. El objetivo central e irrenunciable es recuperar el ejercicio de la soberanía de las Islas Malvinas. Tiene una dimensión estratégica y cualquier decisión tiene que ser confrontada con el citado objetivo. El pedido británico debe ser encarado con suma seriedad y la respuesta debe ser fundada y contundente. Las negociaciones no deberían darse bajo un velo de amenaza o extorsión.
(*) Facundo Rodríguez es abogado en Derecho Internacional. Coautor del libro “Las Malvinas, entre el derecho y la historia”
www.clarin.com
www.clarin.com
0 comentarios :
Publicar un comentario